Por si a alguien le quedara alguna duda, el fallo del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya ha sido rotundo al determinar que el Muro de Separación que Israel construye “es contrario a la legalidad internacional”. Por una parte, la sentencia reclama la inmediata paralización del mismo y la demolición de las porciones ya construidas; por otra parte, demanda la restitución de las propiedades confiscadas y la compensación a los afectados.
Aunque nos movamos en el terreno de lo simbólico, no debe ocultarse que el veredicto representa un jarro de agua fría para el gobierno de Israel. En verano de 2002, aprovechando una oleada de atentados suicidas, el gobierno de Unidad Nacional dirigido por Ariel Sharon inició la construcción de un Muro de Separación, que denominó Valla de Seguridad, que supuestamente debería servir para frenar a los kamikazes que se infiltraban desde los territorios palestinos ocupados. El problema es que para preservar su seguridad, Israel erigió un enorme muro (que en algunos tramos supera los ocho metros de altura) que no sigue la Línea Verde (que demarca la frontera reconocida de Israel) y que, además, crea unas condiciones de vida extremadamente delicadas para una parte significativa de la población palestina.
La corte de justicia de las Naciones Unidas denuncia precisamente esta situación al señalar que “el TIJ no considera que el trazado que Israel ha elegido para el muro sea el indicado para lograr sus objetivos securitarios”. Según los jueces, el muro “infringe numerosos derechos de los palestinos que viven en el territorio ocupado por Israel y las infracciones residen en que su trazado no puede justificarse por las exigencias militares o los requerimientos de seguridad nacional u orden público”. Es decir, el TIJ desestima el principal argumento esgrimido por las autoridades israelíes que siguen insistiendo una y otra vez en que el muro sólo obedece a la necesidad de defender a sus ciudadanos de los ataques terroristas.
Si nos atenemos a los hechos, comprobamos que la construcción de las primeras fases del muro está teniendo un efecto devastador en la sociedad palestina. Un informe titulado ‘Impacto de la barrera de separación israelí sobre las comunidades de Cisjordania’, hecho público el 4 de mayo de 2003 por el Comité de Coordinación de la Ayuda Local, advirtió de que “cuando se complete, la primera fase del Muro atravesará carreteras y canales de agua formando una barrera: a un lado estarán los palestinos y, a otro lado, sus terrenos agrícolas, sus pozos de agua, sus mercados comerciales y sus servicios públicos”.
En el plano político, la construcción del muro está provocando la expropiación de todos los territorios fronterizos y la anexión ‘de facto’ de aquellos que quedan del lado israelí. De esta manera, las autoridades israelíes están dictando unilateralmente las fronteras que tendrá, si es que algún día ve la luz, el futuro mini-Estado palestino al que de esta manera se condena a ser un puzle de cantones aislados entre sí y sin continuidad territorial. El veredicto del TIJ pone el dedo en la llaga y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se involucre activamente en la resolución del problema al indicar que “todos los Estados están en la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada por esta construcción”.
Al no ser vinculante, el dictamen del TIJ sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la comunidad internacional salga de su ensimismamiento y presione a Israel. Como en el caso de Irak, Estados Unidos y la Unión Europea difieren en torno a las medidas que habría que aplicar para solucionar el problema: mientras que Washington se distingue por su alianza incondicional con Israel, Bruselas es favorable a un acuerdo que respete los derechos nacionales del pueblo palestino. De lo que no hay duda es de que el cheque en blanco otorgado por la Administración de Bush a Ariel Sharon tras el 11-S para que ‘solucionara’ a su manera el problema palestino no puede prolongarse de manera indefinida. De cara a un futuro, la Unión Europea debe reclamar, por incómoda que le resulte la tarea, el inmediato cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal Internacional de La Haya. De no hacerlo, correría el riesgo de que la posibilidad de crear un Estado palestino entre Israel y Jordania se esfume definitivamente ante la política de hechos consumados aplicada tenazmente por los gobiernos israelíes, independientemente de cuál sea su signo.
Por eso es especialmente importante que se adopten de manera urgente las medidas necesarias para la aplicación del veredicto. Para salir de la crisis, Ariel Sharon acaricia la idea de resucitar el gobierno de Unidad Nacional entre el Likud y el Partido Laborista con la esperanza de que la presencia de los laboristas frene eventuales presiones sobre el Estado judío. Debe recordarse en este sentido que la construcción de un muro que separase a israelíes y palestinos fue una idea original de los laboristas, que, incluso, llegaron a proponer como uno de sus lemas electorales la frase “nosotros aquí y ellos allí”. Por ello, la creación de tal gobierno tan sólo significaría una cortina de humo para ganar tiempo en un momento sumamente delicado. Tampoco la evacuación de los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza, prevista inicialmente para finales de 2005, podría presentarse como un sustitutivo a la inmediata paralización del muro que reclama el TIJ y que es indispensable para mantener con vida las legítimas aspiraciones nacionales palestinas.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es editor de ‘Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta’ (Madrid, 2003).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2004; © Bakeaz, 2004.
Publicado en El Correo, 19 de julio de 2004.