Dos de los componentes más importantes de las guerras modernas son la ausencia de frontera entre guerra y paz, la difuminación de la distinción entre ‘civil’ y ‘militar’, por un lado, y por otro, la utilización de los medios de comunicación para fomentar la guerra psicológica. Estos principios, establecidos a finales de los años ochenta, están siendo aplicados con gran claridad en la guerra de Irak por los invasores y la resistencia. Pero no sólo. La guerra en Irak se aceleró por el fracaso en abril de 2002 del golpe de Estado en Venezuela, financiado y planificado por la CIA y apoyado ignominiosamente por el Gobierno español de la época –la imagen de los embajadores de Estados Unidos y España corriendo de la mano a legitimar al golpista antes aún de que el golpe se diese por concluido resultó reveladora–.
Tras la derrota de los convocantes del referéndum revocatorio en el mes de agosto pasado, es previsible el triunfo de los partidarios de la revolución bolivariana en las elecciones del próximo 31 de octubre, en las que se eligen 23 gobernadores y 337 alcaldes, y los partidarios del gobierno aspiran a triplicar las gobernaciones y alcaldías que gestionan actualmente, hasta alcanzar unas 300 alcaldías (en este momento 9 gobernadores y 150 alcaldías están en manos de los partidos de la Coordinadora Democrática). Si se cumplen estos pronósticos, cabe esperar un incremento de la presión desestabilizadora de las élites locales y del Gobierno estadounidense, que no por casualidad tiene como embajador en Caracas a un conocido experto en operaciones de guerra sucia. Esto va a requerir un reajuste entre los sectores democráticos y golpistas de la oposición, pues el referéndum ha dejado claro el apoyo mayoritario de los venezolanos al Gobierno actual, así como la necesidad de una estrategia de medio y largo plazo para desalojar del poder por vías democráticas a las fuerzas nucleadas en torno a Hugo Chávez, un tiempo que no están dispuestos a conceder los sectores más ultras de la oligarquía local y de la Administración norteamericana.
En todo caso, la reafirmación del Gobierno de Chávez tras el referéndum y las elecciones locales fortalece en América del Sur un grupo de países (Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Ecuador y quizá dentro de poco Uruguay) opuesto a los planes imperiales norteamericanos, centrados en el establecimiento de una zona de libre comercio dolarizada en todas las Américas. Todo esto con la notable ausencia de la Unión Europea, que se negó en agosto a enviar la misión de observadores electorales acusando de obstruccionismo al Gobierno venezolano. Actitud que contrasta con las palabras de elogio de los observadores que estuvieron presentes –como la Organización de Estados Americanos o la Fundación Carter, no precisamente afectos al gobierno– hacia las facilidades otorgadas y a la transparencia y limpieza democráticas del proceso de referéndum.
Esta incomprensión europea de lo que está ocurriendo en ese país, y por extensión en el subcontinente, se refuerza en nuestro caso por la actitud de los medios de comunicación españoles, incapaces de aportar análisis razonados y razonables del proceso venezolano, reduciendo con frecuencia la información a comentarios sobre el impacto en el precio del petróleo, o a imágenes sobre las movilizaciones antichavistas y prochavistas, sin mayores análisis. En el caso de algunas empresas de comunicación resulta comprensible esta actitud, dados sus conocidos vínculos empresariales con el superempresario mediático venezolano y dirigente de la desestabilización Gustavo Cisneros, y políticos con connotados representantes del viejo régimen de corrupción institucionalizada. Pero en la mayoría de los casos, parece actuar más la desidia y el desinterés que un notable compromiso con el derrocamiento del sistema democrático vigente.
Así, pese a los profundos vínculos históricos y culturales que nos unen con esas tierras –particularmente a vascos, gallegos y canarios–, los medios locales otorgan entre poca y ninguna cobertura en profundidad al proceso venezolano, contentándose con reproducir noticias de agencia o crónicas poco trabajadas.
Se suele presentar al presidente venezolano Hugo Chávez como un político populista, sin tomar en consideración que las políticas aplicadas por el Gobierno venezolano son la antítesis de las aplicadas por los regímenes populistas. Por ejemplo, la promulgación de las 49 leyes económicas, que provocó la respuesta airada en las calles de las élites locales, que convocaron un paro nacional el día 10 de diciembre de 2001, y el boicot económico durante los meses siguientes, que originó, entre otras cosas, la devaluación de la moneda, inflación, quiebra de empresas y negocios, desempleo…, se resumen en tres que en particular han molestado enormemente a la oligarquía venezolana: la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca.
La Ley de Tierras permite al Estado proceder a la expropiación y posible reparto de aquellos latifundios cuyos propietarios rehúsen mantenerlos productivos, así como imponer los cultivos que considere necesario. Nada diferente de lo que se puede encontrar en las constituciones europeas (expropiación justificada por fines sociales) o en la política agraria estadounidense, que determina los cultivos más rentables a partir de las observaciones por satélite y mediante el uso de subvenciones discrecionales. ¿Por qué se debe rechazar en Venezuela la planificación agrícola que practican de forma masiva la Unión Europea o Estados Unidos? Pensemos que actualmente Venezuela sólo es capaz de producir el 10% de los alimentos requeridos para su población.
La Ley de Hidrocarburos, entre otras cosas, incrementa los impuestos a los inversores extranjeros en el sector petrolero, establece que actividades primarias como la extracción y el transporte del petróleo y sus derivados sólo pueden ser realizadas a través de empresas en las que participa el Estado, y determina que el porcentaje de las acciones en dichas empresas debe ser al menos del 51%. Las protestas mayores surgieron en este caso de las transnacionales, que vieron reducidas tanto sus extraordinarias ganancias como la posibilidad de obtener en el futuro parte del botín de la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La Ley de Pesca establece que una extensión de 500 metros de ancho a lo largo de toda la costa venezolana estará sujeta al control y protección del Estado. En dicha extensión se prohíbe el uso de redes de arrastre y otra serie de medidas, en beneficio del medio ambiente y de los pequeños productores artesanales. En el caso de esta ley, fundamentalmente protestaron las flotas de arrastre italianas y portuguesas, que venían destruyendo la flora y la fauna marina cercana a la costa y, por ende, también estaban privando de alimentos a los pobladores de menos recursos en dichas zonas.
Al tomar el control de la empresa pública PVDSA, el Gobierno ha decidido crear un fondo de inversión con parte de los beneficios, para fortalecer la nueva estrategia de inversiones en infraestructuras, como la construcción de un segundo puente sobre el río Orinoco; las obras de dragado en los ríos Apure, Arauca, etc., para hacerlos navegables y favorecer el comercio de la zona; la recuperación y terminación de represas como la de Guri, que permite abastecer al país de electricidad y comercializarla al vendérsela a Brasil y Colombia; la recuperación de la Siderúrgica de Guayana, que iba a ser vendida a precio de saldo a las transnacionales…; una política de inversiones en infraestructuras y capacidad productiva que no tiene nada que ver con el populismo de gastar lo que no se ha ingresado.
El Gobierno está fomentando una importante red de cooperativas; créditos accesibles para agricultores y ganaderos de menores recursos; créditos para los miembros del sector de la pequeña y mediana industria; creación de un banco para las mujeres emprendedoras, etc. También se han puesto en marcha campañas de alfabetización; creación de miles de Escuelas Bolivarianas, que proveen de tres comidas completas a los niños y que, asimismo, han permitido el ingreso de más de un millón de nuevos estudiantes; plan de viviendas para los más necesitados; asistencia médica primaria en barrios pobres…
Esta política, que difícilmente se puede calificar de populista, ni mucho menos de comunista, se traduce mal en términos macroeconómicos por la situación de enfrentamiento político y boicot económico. Pero en términos de índice de desarrollo humano, Venezuela ha mejorado: la esperanza de vida al nacer es hoy de cerca de 74 años (América Latina: 70) y la mortalidad infantil de 19 por 1.000 (América Latina: 28). Venezuela está 15 puestos por encima en el indicador de desarrollo humano respecto al que le corresponde por sus ingresos por habitante. En el último año, según la CEPAL, la tasa de crecimiento económico ha sido la más elevada de América Latina; crecimiento alentado por el alza del precio del petróleo, pero que se debe sobre todo a las actividades no petroleras, responsables de un 83% del crecimiento económico del año.
Todas estas cuestiones están ausentes de los medios de comunicación españoles. Como tampoco aparece ninguna información sobre la organización de grupos paramilitares y sus patrocinadores en la frontera con Colombia, que han asesinado ya a más de ocho líderes campesinos y populares. Ni sobre la base militar que Estados Unidos está construyendo en la zona de la Guajira, también frontera entre Colombia y Venezuela.
En los próximos meses con toda probabilidad se van a acentuar los intentos de desestabilización del Gobierno democrático de Venezuela, así como los ataques (civiles) contra su economía y representantes políticos del Gobierno. Previsiblemente aparezcan también en escena los actos (militares) terroristas de baja y media intensidad, como el acontecido el 17 de septiembre en la frontera con Colombia, una emboscada en la que murieron cinco militares y una ingeniero civil de PDVSA (los militares acompañaban a los técnicos de PDVSA, en trabajos de inspección relacionados con el campo petrolero de Guafita en Apure).
La causa es muy simple: la necesidad de controlar el petróleo venezolano para alimentar el crecimiento de alto consumo energético norteamericano, necesidad agudizada por el empantanamiento de la situación en Irak y la incapacidad del Gobierno de Estados Unidos para tolerar un régimen político independiente con una estrategia económica autónoma en América Latina. Que la opinión pública española no esté adecuadamente informada impide que reaccione ante estas situaciones y contribuye a facilitar los ataques contra las democracias latinoamericanas que quieren dejar de ser democracias de baja intensidad.
Joaquín Arriola es profesor de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz.
© Joaquín Arriola, 2004; © Bakeaz, 2004.
Publicado en El Correo, 30 de octubre de 2004.