Bien podría ser una cuestión de pupilas, de una forma de mirar. Me refiero a si los presos etarras son presos políticos. El penúltimo capítulo en este debate ya añejo lo ha escrito el Ministerio del Interior con la prohibición dirigida a esos reclusos de expedir su correspondencia con una coletilla tal. El espectro ultraabertzale no alberga duda alguna sobre lo oportuno y veraz de la rúbrica. Su pertinaz martilleo para forjar un lenguaje preñado de circunloquios, eufemismos, ejercicios de estilo varios y, torsión mediante, conceptos biensonantes colonizados sin pudor (libertad, democracia, pueblo…) ha tenido en la etiqueta susodicha uno de sus caballos de batalla predilectos desde hace décadas. Desde su marco categorial y moral, los etarras no serían terroristas que han volcado su empeño mortífero en erradicar de su eusko-jardín imaginado categorías enteras antes definidas como sobrantes. Para sus glorificadores la forma correcta de referirse a ellos es como presos políticos.
La lucha banderiza por retorcer el lenguaje que ha protagonizado el nacionalismo radical tiene poco de novedoso. Tampoco resulta original. Una práctica recurrente de los grupos que recurren a la violencia con coartada política es inscribir en la tarjeta de visita de sus miembros la rúbrica de marras. IRA, GRAPO o la Fracción del Ejército Rojo en Alemania han sido organizaciones nacionalistas o de extrema izquierda que libraron en su momento esa batalla terminológica. Es el caso también, por saltar de espectro ideológico y de tipo de organización, de la neonazi “Organización para la Ayuda a los Presos Políticos Nacionales y de sus Familiares” (HNG), proscrita en Alemania en septiembre del año pasado no porque calificase de ‘soldados políticos’ a los convictos que amadrinaba, sino porque la autoridad competente estimó que su cometido estribaba en hacer todo lo posible por retenerlos en las garras de la extrema derecha xenófoba y racista; por servir, en suma, de mecanismo de reproducción de la incivilidad.
¿Se puede hablar entonces de los presos de ETA como presos políticos? ¿En qué sentido? La clave de la respuesta pasa por arrojar previamente luz al adjetivo, a lo que se entiende por ‘político’. La política es el conjunto de actividades conducentes a la regulación vinculante de la convivencia en una sociedad a partir de la divergencia de opiniones e intereses de sus miembros. Con estos mimbres, en el caso vasco resulta complicado rebatir la naturaleza política de la violencia ejercida por ETA durante los decenios precedentes, bien entendido siempre que su peculiar forma de ‘fomentar’ la convivencia ha pasado, literalmente, por dinamitarla. Su terrorismo es habitualmente catalogado por quienes se dedican a su análisis como una expresión de violencia política. La organización terrorista se ha dedicado a imponer con balas y bombas una propuesta de articulación de la comunidad vasca con el Estado español, propuesta que se resume en la exigencia de la independencia, una actividad intrínsecamente política.
Referirse a los victimarios de ETA como políticos en el sentido antedicho implica subrayar su especificidad dentro del elenco delictivo. Los etarras serían distintos de los maltratadores, malversadores o mafiosos, sí, pero no mejores porque en lugar de sembrar dolor movidos por el lucro personal, por ejemplo, hayan delinquido y asesinado en el nombre de una patria soñada. La etiología del delito es diferente en cada caso, no digamos la amplitud del colchón social de quienes les justifican y ensalzan, ayer y hoy. Ahora bien, si en un sistema democrático con las garantías procesales suficientes los tribunales dictaminan que se ha producido una quiebra del orden social, eso es lo sustantivo; la motivación subyacente a la comisión del delito, lo adjetivo y accesorio.
Hay una variante en el uso de la etiqueta de preso político que late en la batalla que libra el espectro abertzale radical por definir la realidad, por hacer calar su relato de lo que ha ocurrido en este país desde que ETA emprendió su macabra carrera. Esta variante rige sobre todo en los regímenes no democráticos que encarcelan arbitrariamente a aquellos ciudadanos que denuncian la naturaleza ilegítima de su gobierno, así como sus decisiones. Como hizo durante décadas el franquismo, sin ir más lejos. Sabido es que en contextos dictatoriales, la disidencia y la desafección más o menos velada equivalen a delitos de lesa patria. No se nos escapará que tras la fórmula de presos políticos fomentada por el nacionalismo radical se esconde un sibilino y tácito intento de asociación: los miembros de ETA serían víctimas de la ‘ira represora’ de los estados español y francés por su ideario secesionista, confundiendo así ideas y comportamientos tipificados en el código penal.
Al final la elección de términos es una cuestión de papilas; de una forma de mirar, sí, pero también de degustar lo observado, con o sin filtros morales. Mientras que algunos prefieren relativizar lo esencial y pasar de puntillas por el hecho de que durante décadas ETA ha asesinado para imponer un proyecto político, otros se sacuden los eufemismos y, en lugar de presos políticos, toman el camino más recto. Y es entonces cuando hablan de terroristas, de victimarios o de verdugos.
Jesús Casquete es profesor de Historia de la Teoría Política de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz.
© Jesús Casquete, 2012; © Bakeaz, 2012.
Publicado en El Correo, 14 de abril de 2012.