Abrirse a los problemas del mundo desde la educación para la paz exige una sólida formación y educación sentimental sobre la geopolítica de los conflictos en el mundo, sobre el hambre, la pobreza o el analfabetismo, sobre la persistencia del esclavismo o la explotación laboral y sexual de niños y mujeres, sobre la destrucción ambiental y su interrelación con los anteriores problemas… De ese modo, podríamos llegar a ser conscientes de nuestra situación de privilegio y de la cuota de responsabilidad de nuestro modelo social y económico en la generación y mantenimiento de esas situaciones.

Esa educación para la paz es, de modo especial en nuestro país, una educación que debe afrontar decididamente la violencia terrorista y el sistema de creencias asociado a ella; una educación que exige hacer presentes a las víctimas que ha creado esa violencia y que debe ser diseñada y conducida por instituciones educativas comprometidas con este enfoque, pese a los obstáculos que deberá sortear en este empeño.

A su vez, esta forma de comprender la educación para la paz exige ser plasmada en el aula por educadores que comprendan el concepto de neutralidad y sus límites en campos como el de la violencia terrorista. Sólo así será posible abordar de forma más sosegada la presencia directa de las víctimas del terrorismo en las aulas.

Estas reflexiones preliminares vienen a cuento de la incapacidad de nuestras instituciones políticas –en particular, del Gobierno Vasco–, partidos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y comunidad educativa para abrir un debate serio y profundo sobre el llamado “Plan de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia”.

Creemos que la elaboración de las políticas de educación para la paz en nuestro país y su puesta en práctica está determinada por los discursos y los acontecimientos políticos, y que la ausencia del debate mencionado está relacionado con el complejo proceso de evolución de la opinión pública vasca ante la violencia de ETA. De esta complejidad da prueba la propia actualidad: los últimos estertores de la organización terrorista están conviviendo con el aparente afianzamiento de la deslegitimación de sus ideas y un retroceso de su apoyo social –aun conservando los sectores del nacionalismo radical una nada despreciable capacidad de movilización, de apoyo electoral y de influencia en el devenir de los discursos y de la propia acción política general–. Esta contradicción está relacionada con una historia política en la que la deslegitimación del terrorismo no ha sido permanente e incondicional desde muchas y muy importantes instituciones sociales y políticas vascas.

Todo proceso de formulación de una política pública de educación para la paz que vaya a la raíz, estará determinado por los discursos y avatares de la política vasca. Un buen botón de muestra lo fue el debate sobre la reformulación del plan vasco de educación para la paz –después, “Plan vasco de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia”– que respondió a una voluntad desde el nacionalismo de confrontar el discurso deslegitimador de la violencia, en un contexto de debilidad de ETA, y que preludiaba la feroz batalla por la hegemonía política en el seno del nacionalismo.

Es justo reconocer que el Gobierno vasco ha hecho un gran esfuerzo para establecer los grandes principios para una política pública sobre víctimas para la legislatura 2009-2013. Y una de las acciones inspirada en ellos fue esa reformulación del plan vigente del anterior gobierno nacionalista para fundamentarlo mejor en sus aspectos teóricos, pedagógicos y metodológicos, y para aplicar de forma extensiva y progresiva acciones didácticas en el sistema obligatorio de enseñanza con una presencia directa de las víctimas. Sin embargo, dicha reformulación fue objeto de una negociación y debate que en ocasiones se acercó al amarillismo político y mediático desde las fuerzas nacionalistas. Quizás, el Gobierno vasco se equivocó en el proceso de negociación: en sus objetivos, en la metodología, en los tiempos, en los tonos, en la forma de abordarla… Quizás, no se urdieron y recabaron suficientes apoyos, y se obvió, no se pudo o no se supo afrontar la batalla de las ideas.

En diciembre de 2011 culminó el plan anterior que despertó conciencias, procesos, debates y buenas prácticas, y por lo que conocemos no se ha iniciado el proceso de elaboración del nuevo plan. Creemos que es una equivocación y que el “Compromiso por la Educación para la Convivencia” (diciembre, 2011) no debe ser la alternativa. Para seguir la buena senda de la educación frente a la violencia, instamos al Gobierno vasco a elaborar las bases de un nuevo plan y a propiciar un debate prudente, sereno, inteligente y firme, ante todo firme. Se ha perdido un tiempo precioso, pero si por algo se caracteriza un gobierno seguro de su gestión es por defender sus buenos principios y luchar por ellos aun en condiciones difíciles.

Pablo García de Vicuña es secretario general de CC. OO. Irakaskuntza y Josu Ugarte es director de Bakeaz.

© Pablo García de Vicuña, 2012; © Josu Ugarte, 2012; © Bakeaz, 2012.

Publicado en El Correo y en El Diario Vasco, 15 de diciembre de 2012.