La ocupación física de la esfera pública para influir en las autoridades es hoy un ejercicio rutinario que distingue a las democracias liberales de los países en los que el sistema de libertades hace aguas. Desde su aparición a principios del siglo XIX, la organización de manifestaciones por parte de sectores sociales a menudo privados de los recursos necesarios para trasladar sus reivindicaciones a los canales de la política representativa, se ha convertido en una actividad que se ha integrado en el paisaje de nuestros pueblos y ciudades. Del paisaje del País Vasco, dicho sea de paso, más que de ningún otro lugar de nuestro entorno. No en vano, según datos policiales de las administraciones central y vasca, durante los últimos años el número de manifestaciones en el País Vasco por cada mil habitantes ha sido 7,5 veces mayor que en el resto del Estado. Y eso que España arroja ya de por sí un índice considerablemente elevado de manifestaciones, por encima de países como Francia o Alemania. A lo mejor, cabría especular, porque después de cuarenta años de una aplicación restrictiva del derecho de reunión y manifestación, aún nos afanamos frenéticamente por recuperar el tiempo perdido y superar holgadamente a Europa, siquiera a este respecto. Como quiera que sea, lo cierto es que en esto de las manifestaciones somos líderes mundiales.

Además de una actividad cotidiana, airear las demandas en la vía pública resulta un ejercicio legítimo y a menudo deseable. Siempre y cuando no sea un síntoma de la presencia de un conflicto enquistado al que las autoridades competentes se muestran incapaces de encontrar solución, la proliferación de manifestaciones en sistemas democráticos ha de ser saludada como un indicador de dinamismo y vitalidad por parte de una ciudadanía deseosa de intervenir colectivamente en la configuración de la sociedad. Desde este punto de vista, la expresión de una opinión o demanda en la vía pública pone de manifiesto que la unidad en la diversidad y el disenso son compañeros de viaje inseparables. Resulta, en suma, un elemento a todas luces vivificador de la democracia, un activo al que extraer su potencial, más que una carga paralizante que sobrellevar peor que mejor.

Ahora bien: una cosa es que la ciudadanía se movilice y recurra a la política de calle cuando ve ignorados (o, en todo caso, no tomados en consideración con la seriedad suficiente) temas que le resultan particularmente sensibles, y otra muy distinta que los agentes políticos establecidos y con responsabilidades de gobierno (o que aspiren a tenerlas) se embarquen en una lógica política más propia de actores carentes de acceso rutinario a los foros donde se debaten y adoptan decisiones vinculantes. En el caso de los partidos políticos, abrazar la lógica electoral implica un esfuerzo por pacificar el conflicto social, esto es, por sacarlo de las calles y canalizarlo hacia los mecanismos institucionales para la deliberación y resolución políticas. No quiere ello decir que los partidos y las autoridades representativas no puedan, ni siquiera deban, en momentos puntuales y en circunstancias extraordinarias, recurrir a la lógica de la presencia física en la calle como modo complementario de apuntalar lo que ya están defendiendo en los foros representativos y en el entramado institucional. ¿O acaso convocar a la ciudadanía a participar en manifestaciones contra el terrorismo o la xenofobia, como han hecho en múltiples ocasiones las autoridades vascas, españolas, francesas o alemanas, no tiene como efecto inmediato revitalizar la musculatura ética de un país? Por el contrario, recorrer el camino inverso y desplazar el debate desde los foros representativos de la soberanía popular hasta la calle denota en la práctica una grave falta de confianza en el funcionamiento y carácter de dichos foros, la negación misma de su validez para resolver los problemas que preocupan a la ciudadanía.

Ésta es precisamente la tesitura en que parece encontrarse el Partido Popular. La deriva manifestante de que viene haciendo gala durante las últimas semanas supone su negación misma como partido desde el momento en que se quiebra su fe en la efectividad de trasladar los intereses de la ciudadanía al ámbito resolutivo de la política. Más de un año después de su derrota electoral, de la indispensable cobertura prestada a sucesivas manifestaciones multitudinarias contra la negociación con ETA, contra el traslado parcial del archivo de la Guerra Civil de Salamanca a Cataluña, contra el matrimonio homosexual y, en su penúltimo episodio, contra la política hidrológica del gobierno, parece deducirse que el principal partido de la oposición cuestiona la legitimidad de unos resultados electorales o, más grave aún, que sufre de una crisis de confianza en el carácter representativo de todo un entramado institucional que descansa en el respeto a las mayorías. Quiebra de confianza que se traduce en un corrimiento paulatino hacia una lógica de partido-movimiento diseñada a la contra (siempre manifestaciones ‘anti’ algo) y con temas cargados de emotividad (precisamente los temas más fácilmente manipulables) que resulta impropia de un partido que se postula como alternativa constructiva de gobierno. Pero es que además de impropia, esta deriva corre el riesgo de resultar contraproducente a medio y largo plazo. En efecto, en el hipotético caso de que algún día alcanzase el gobierno, el PP habría sentado un precedente de cómo erosionar al gobierno de turno y abrirse calle política tapando la calle de manifestantes. Y, en ese caso, habría dado carta de naturaleza a una idea realmente peligrosa en democracia: la de que la opinión de una minoría que vive intensamente los problemas, y que se moviliza permanentemente por ellos, vale más que la opinión de una mayoría menos estridente, pero mayoría al fin y al cabo, que apuesta por abrir puertas a la resolución al conflicto vasco y que apuesta firmemente por la universalidad de los derechos ciudadanos, incluidos los de quienes tienen otra opción sexual.

Jesús Casquete es profesor de Sistemática de los Movimientos Sociales de la UPV/EHU 
y colaborador de Bakeaz.

© Jesús Casquete, 2005; © Bakeaz, 2005.
Publicado en El Correo, 16 de julio de 2005.