Como bien sabemos, un fenómeno violento –como el del terrorismo, en nuestro caso– no finaliza sin más cuando acaba la violencia directa más manifiesta (asesinatos y extorsiones explícitas). Ética y cívicamente finaliza cuando ello no es aprovechado para arrinconar exigencias de justicia con las víctimas y cuando es acompañado de una concienciación social en quienes han practicado y amparado la violencia que implique la deslegitimación de esta y la acogida convencida del procedimentalismo democrático.

Esto nos confronta con una tarea de años, que tiene diversas ramificaciones. Pues bien, una de ellas, clave, tiene que ver con lo que está llamada a ser, en una sociedad que ha sido violenta y violentada, la memoria. En torno a esta, se precisarán iniciativas varias. Aquí voy a centrar la atención en una de ellas: la de la creación de un Centro de la Memoria en el País Vasco. Porque pienso que ha llegado el momento de que debatamos sobre su conveniencia y su definición. Apunto, para incentivar el diálogo, algunas ideas en torno a él.

La cuestión más delicada, dadas las tensiones políticas actuales, es la delimitación del colectivo de víctimas que debe tener como referencia. Si pensamos, como creo debe ser, en que –al menos– se remita a las víctimas producidas en el contexto de violencia con motivación política en y desde el País Vasco, a partir de la aparición de ETA, debería ser inclusivo de todas ellas. Por tanto, de las víctimas del terrorismo de ETA; pero, también, de las víctimas del terrorismo anti-ETA y las causadas por empleados públicos en función de tales. Considero que esta inclusividad (discerniendo lo que deba discernirse y haciendo la verdad que deba hacerse: esta es también una tarea del Centro) debe ser considerada condición básica para el cumplimiento del criterio ético de imparcialidad y universabilidad de la acogida a las víctimas. Soy consciente de que no resulta fácil, pero es fundamental. Demanda que en el nivel más primario, desbordando nuestras historias personales y más allá de nuestras legítimas vivencias afectivas e ideológicas desde las que aparecerán distinciones, todos consideremos a todas las víctimas, en cuanto víctimas, «nuestras».

Otra cuestión tiene que ver con los objetivos del Centro. Tendría que ensamblar, creo, dos tipos de objetivos: los que se remiten al mantenimiento vivo de la memoria de las víctimas, como expresión de fidelidad y del reconocimiento que se les debe, prolongado en el tiempo; y los que, pensando en la transformación social, persiguen la purificación ética de la convivencia, incluso la reconciliación cívica, o la constitución afinada de la identidad narrativa de la sociedad vasca, abierta a la pluralidad, que incluya sus momentos perversos y la reacción ética ante ellos.

El primer objetivo se cumplirá cuando el Centro de la Memoria esté sustentado decisivamente en la memoria subjetiva de las víctimas supervivientes (huellas psíquicas), éticamente discernida, y en las huellas materiales que la violencia dejó en sus carnes y en sus bienes. El Centro debería reunir el elenco más amplio de ella. Abriéndose también, por supuesto, a la verdad judicial y a la verdad histórica, en una pertinente imbricación.

Cuando se tienen tales pretensiones, pronto aparece la cuestión de los relatos. Creo que el Centro podría ser un buen lugar para dar cobijo y para estimular el pluralismo éticamente asumible y cívicamente enriquecedor en torno a ellos. Ese pluralismo que, asumiendo el hecho de que todo relato unívoco acaba implicando connotaciones impositivas, propone también un criterio limitador: que la narración sea honestamente fiel a la verdad (sin parcializaciones ni tergiversaciones) y a la justicia debida a las víctimas.

Otra cuestión importante y delicada tiene que ver con los protagonistas de la iniciativa de crear el Centro. Recordemos que un Centro de la Memoria tiene que ser visto como una de las expresiones del deber social de memoria, correlativo del derecho de las víctimas a él. En este sentido, es necesario que se apoye en una decisión de las fuerzas políticas que refleje un consenso amplio. Pero, a su vez, que no se ciña a ser un Centro de la Administración pública, que se abra, en su diseño, en su realización y en su dinámica, a las fuerzas sociales comprometidas con la paz y la justicia, entre las que tienen su lugar relevante las organizaciones de víctimas. Un proyecto así se complejiza, ciertamente, por la pluralidad a la que se abre, y porque debe distinguirse dónde y cómo está la representatividad democrática en sentido estricto; y de qué manera se garantiza la universalidad y la imparcialidad.

Acabo apuntando un último tema. Un Centro de la Memoria no debe ser percibido socialmente como un «museo» en el que se depositan «cosas del pasado», expuestas a la curiosidad de los interesados. Eso sería desnaturalizar el Centro, tenerlo como excusa para considerar que ya se ha cumplido con las víctimas, sin que ello impacte el presente y el futuro. Frente a tal peligro, debería tratarse de un Centro vivo: porque tiene implicaciones institucionales con la investigación, con la educación en su sentido más amplio, con la concienciación ciudadana, con la deliberación democrática; porque acoge una memoria que se refigura sin cesar en las nuevas generaciones que se acercan a ella; porque no es percibido como un lugar cerrado sino como punto de referencia para lugares múltiples con los que se engarza en red; porque integra también las luchas sociales y políticas por la paz, no solo las que se hicieron sino las que se van haciendo para afrontar las estelas de la violencia pasada y otras violencias que puedan aparecer; etc. Únicamente si ideamos un Centro así, valdrá la pena tratar de crearlo.

Xabier Etxeberria es profesor emérito de Ética de la Universidad de Deusto y miembro de Bakeaz.

© Xabier Etxeberria, 2011; © Bakeaz, 2011.

Publicado en El Correo, 25 de noviembre de 2011.