Lejos de despejar las borrascosas nubes que se ciernen sobre el horizonte, el referéndum del pasado 15 de octubre ha multiplicado los interrogantes sobre el futuro de Irak. Desde su elección en enero, la Asamblea Nacional ha trabajado contrarreloj para cumplir el calendario establecido para finalizar el proyecto constitucional. Esta premura ha hecho que el debate sobre el destino de Irak se haya zanjado con nocturnidad y alevosía y, lo que es más preocupante, sin el consenso de los diferentes grupos étnicos y confesionales que conforman el complejo mosaico iraquí.

No han sido pocos los analistas que se han preguntado si un referéndum de esta índole debería haberse celebrado en unas condiciones tan delicadas como las que atraviesa el país. ¿Han acudido los ciudadanos iraquíes a las urnas condicionados por el clima de violencia y terror que azota el país desde hace dos años? ¿Han podido manifestarse con plena libertad cuando en el país permanecen decenas de miles de militares extranjeros? No se equivocan quienes, como Abd al-Bari Atwan, director del diario ‘Al-Quds al-Arabi’, señalan que Irak “atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia. El país está azotado por cuatro males: el temor, la ocupación, la corrupción y el terrorismo, y carece de toda clase de servicios, incluidos la salud, la electricidad, la educación y la seguridad”. ¿Es posible adoptar decisiones cruciales para el destino de Irak con este desolador panorama de fondo?

Después de varios meses de tortuosas deliberaciones, el proyecto constitucional estableció que Irak dispondrá de un sistema de gobierno “federal, democrático, parlamentario y republicano”. Esta fórmula fue el resultado de un compromiso ‘in extremis’ entre las diversas confesiones ante las enérgicas presiones de Estados Unidos. Lejos de perseguir el consenso intercomunitario, el borrador constitucional parece más bien guiado por la lógica del ‘sálvese quien pueda’. Ante la cada vez más plausible división del país, cada comunidad ha intentado barrer para su casa y conseguir una posición ventajosa sobre la otra. Sólo así puede entenderse que las reivindicaciones federales kurdas en el norte del país hayan llevado a los chiíes a exigir una amplia autonomía en el sur y que ambas comunidades hayan hecho frente común ante los suníes para reclamar la gestión de sus respectivos recursos naturales, incluido el preciado petróleo.

El hecho de que el Islam haya sido reconocido como “fuente fundamental de legislación” tampoco es tranquilizador, puesto que es una concesión a los sectores islamistas, en particular al Consejo Supremo de la Revolución Islámica, que venían reclamando una abolición de los códigos civiles a la europea vigentes en época de Sadam Hussein y un retorno a la ‘sharia’ (la ley religiosa islámica), vigente ya en otros países del entorno como Arabia Saudí e Irán. A pesar de que la Administración de Bush ha anunciado a bombo y platillo que considera un ‘éxito’ el referéndum, es evidente que este hecho representa un serio contratiempo que podría obligar a Washington a renunciar de manera definitiva, si alguna vez lo consideró seriamente, a convertir Irak en un modelo democrático que inspire al resto del mundo árabe.

Cada vez parece más claro que las dos únicas alternativas para Irak son la guerra civil o la división del país. Si tenemos en cuenta que las posibilidades de una confrontación interconfesional a gran escala son limitadas, a pesar de los desesperados intentos de las huestes de Al-Zarqawi (como dice un refrán árabe, “para aplaudir se necesitan dos manos”), deberemos centrarnos en el segundo escenario. En lugar de asistir a la creación de un nuevo Irak moderno y descentralizado, nos encontramos ante el acta de defunción del Estado iraquí, tal y como fue establecido por los británicos tras el desmoronamiento del Imperio otomano.

Eso es al menos lo que puede deducirse de las declaraciones de los líderes kurdos, que no desaprovechan ninguna ocasión para reclamar la independencia. En una reciente rueda de prensa el líder kurdo Masud Barzani, que en las últimas elecciones legislativas se presentó en una lista conjunta con el actual presidente Yalal Talabani, no tuvo inconveniente en declarar: “El pueblo kurdo tiene el derecho a la secesión; si no lo demanda ahora es porque reconoce que no es el momento más adecuado”. Otros importantes dirigentes kurdos ya han advertido de que el Estado federal tiene fecha de caducidad y consideran que a los ocho años debería realizarse un referéndum sobre la independencia kurda.

Quizás lo más sorprendente es que tales palabras fuesen pronunciadas ante la atenta mirada de Zalmay Khalilzad, embajador de Estados Unidos, país que se ha convertido en el principal garante de las ambiciones kurdas. El influyente Peter Galbraith, diplomático norteamericano que asesora a los kurdos, tampoco tiene el menor inconveniente en propagar a los cuatro vientos, como recordara hace unos días en estas mismas páginas Mariano Aguirre, que “el resultado de esta Constitución muy posiblemente será una solución con tres Estados. Irak está en camino de convertirse en una unión laxa de tres Estados diferentes, separados y radicalmente distintos”. Así las cosas, parece claro que, en lugar de sentar las bases para un nuevo Irak democrático, la nueva Constitución puede convertirse en el canto de cisne de un país cada día más desdibujado, fragmentado y dividido.

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es coautor del libro ‘¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí’ (Madrid, 2005).

© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2005; © Bakeaz, 2005.
Publicado en El Correo, 23 de octubre de 2005.