Los especialistas no se ponen de acuerdo cuando se trata de describir la situación actual en Chechenia. Aun así, el criterio más extendido es el que se asienta en una comparación con lo ocurrido un lustro atrás, al calor de la primera guerra ruso-chechena posterior a la desintegración de la URSS. La visión más extendida sugiere que el panorama es hoy mucho más llevadero para el ejército ruso, y ello aunque, como resulta evidente, no falten los problemas.
En virtud de la pervivencia de estos últimos nadie se atreve a dar por zanjado, de cualquier modo, el contencioso cheheno. Así, si algunos pronósticos auguran una posible extensión de los actos de terror, dentro o fuera de la república secesionista, otros señalan que el relativo enquistamiento de la situación y la frágil moral de las tropas rusas invitan a no descartar por completo una recuperación militar de la guerrilla como la verificada en 1995-1996. Las cosas como fueren, el conflicto sigue teniendo, en Rusia como entre nosotros, un innegable eco mediático y a buen seguro le produce al presidente Putin un dolor de cabeza permanente.
Sobre el papel, todo lo anterior se convierte en un estímulo, bien que indirecto, para la búsqueda de una solución negociada. A los ojos de algunos analistas, que acaso pecan en exceso de optimismo, Putin ya habría dado un primer paso al respecto con la designación del muftí Ajmat Kadírov como su representante en la república. Al amparo de este nombramiento el Kremlin habría arrinconado un proyecto que fue el suyo en los primeros meses del año –un gobierno presidencial directo– en provecho de la opción por una figura política que hasta 1994 había sido un colaborador directo del presidente checheno, Dudáyev, y en su condición de tal un independentista reconocido. Claro es que, en otra dimensión que no conviene perder de vista, Kadírov representa también a la jerarquía religiosa que se manifiesta más hostil a la rigorista guerrilla wahabita y en ese sentido bien puede ser un acicate para acrecentar las divisiones en la resistencia.
Si la línea de interpretación que avanzamos es correcta, no sería extraño que Putin estuviese sopesando la conveniencia de iniciar negociaciones con la resistencia chechena. Aparente vencedor militar en la guerra, podría comportarse de manera magnánima y hacerlo incluso con un horizonte: el del ejercicio postrero del derecho de autodeterminación y, con él, el de la posible secesión de Chechenia. Para ello el presidente ruso, una vez consolidada su posición de poder, precisa tal vez de dos condiciones: en primer lugar, un reconocimiento expreso de que su campaña militar ha dado los resultados apetecidos, de tal suerte que no menudeen las preguntas insidiosas sobre el sentido de fondo de una ’’razzia’’ que ha dejado un inquietante reguero de muertes; en segundo término, el despliegue de medidas encaminadas a permitir que una Chechenia eventualmente independiente quede geoestratégica y geoeconómicamente del lado, sin embargo, de Moscú.
Tal y como están las cosas, con los dirigentes chechenos divididos y en situación presuntamente precaria, no sería de sorprender que una vía de acuerdo se abriese camino, tanto más cuanto que las partes enfrentadas –supongamos que son sólo dos, aunque tal circunstancia merece ser discutida– encontrarían satisfacción razonable para algunas de sus demandas tradicionales. Putin se vería librado de muchos de los dolores de cabeza que antes invocábamos, al tiempo que conseguiría garantías suficientes de control sobre la región. La resistencia chechena, por su parte, vería colmadas sus demandas de independencia y podría abandonar honrosamente las montañas meridionales del país. A lo mejor algo de esto es lo que se barrunta tras las palabras, por una vez serenas, que Putin pronunció cuando, hace unos días, se manifestó en contra de la fácil atribución a la guerrilla de la colocación de una bomba en un subterráneo moscovita.
Carlos Taibo es director del programa de estudios rusos de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
© Carlos Taibo, 2000; © Bakeaz, 2000. Publicado en El Correo, 3 de septiembre de 2000.