El devenir del caso Kukutza III, en Bilbao, es la demostración práctica de la «espiral de la violencia». Su evolución demuestra, una vez más, que la confrontación acción-reacción, desde las acometidas y las coacciones, origina una agitación social que desvirtúa la convivencia cívica. Hemos visto las fuerzas de una agresividad desbocada impropia de un sistema que ha de regular los conflictos por medio de una resolución constructiva o, si esta fracasa, mediante una represión adecuada y proporcional. En el caso de que el sistema no funcione así, que es lo que ha sucedido, nos encontraremos con el desarrollo de una dinámica de alejamiento progresivo del centro del problema, envueltos en sucesivas capas de nuevas circunstancias, generalmente ampliadoras de las dificultades. Imaginemos una espiral de Arquímedes, cuyo centro está en Rekaldeberri, pero cuya evolución va enredándose con más y más acontecimientos que enmarañan todo el proceso social.
En nuestros municipios, como en la vida en general, un hecho habitual es la disparidad de criterios, incluso con antagonismos de diverso tipo, que con desgraciada frecuencia han llevado a la violencia, como bien sabemos en el País Vasco. Los hechos acontecidos en el barrio bilbaíno de Rekaldeberri son la clara demostración de esa realidad, dado que se ha sido incapaz de reaccionar ante ellos desde una conflictividad constructiva. Ha sido otro episodio local de una situación crispada, cohonestada por múltiples intereses, que lleva al enquistamiento de un problema, en lugar de solventarse desbrozando el conflicto y aportando compromisos para su resolución pacífica.
Distingamos en este asunto de Kukutza III, por una parte, la legalidad de unos poderosos intereses inmobiliarios avalados por la corporación democrática y la resolución judicial, y, por otra, la legitimidad de una actividad social alternativa, autogestionada y radical en sus planteamientos políticos. Deberíamos hacer mayor hincapié en estos aspectos, constatando la relevancia de las discrepancias y la ausencia de un proceso de gestión de los antagonismos, pero el propio desarrollo de los hechos nos lleva a atender cuestiones más apremiantes.
El desalojo policial fue una acción espectacular y a la postre efectiva para conseguir el objetivo de demolición del edificio emblemático de Kukutza III; cuestión distinta es su eficiencia social y política en parámetros de resolución pacífica de conflictos. Mucha paz desde luego no se generó, y sus consecuencias se irán viendo en el tiempo. Pero el movimiento policial merece alguna precisión más. El gran despliegue disuasivo de fuerza policial, los desplazamientos tácticos a partir de información precisa o la dotación de material con gran potencia de intervención, parecían augurar una rápida resolución coactiva. Cerrar los accesos a la zona a desalojar, de forma que se impidiera la llegada de efectivos en apoyo de las personas encerradas, o mostrar la determinación de la operación, son lecciones aprendidas de otros casos ocurridos en el País Vasco y en otros lugares con algunas similitudes (okupas en Barcelona o radicales en Berlín, por ejemplo).
¿Cómo es posible que con tal despliegue policial «la cosa se fuera de las manos»? Por la capacidad de resistencia de las personas concentradas y por la respuesta policial desproporcionada e indiscriminada en un espacio público adverso. En el barrio avalaban mayoritariamente la actividad en Kukutza III y, desde luego, una presencia policial amedrentadora no facilitaba la acción institucional. Había soluciones para eso, si se hubiera dispuesto una primera línea de contacto exterior de agentes «cercanos» a la población, policías locales o ertzainas descubiertos, que atendieran las reclamaciones ciudadanas. Mientras tanto, unos agentes especializados tendrían que haber ido reduciendo los focos de resistencia interna en el edificio y neutralizando los grupúsculos violentos del exterior, incluso con agentes de intervención directa para los casos más virulentos. En definitiva, acciones policiales selectivas, sistemáticas, permanentes, pero en ningún caso cargas policiales contra población indiferenciada, uso profuso de material antidisturbios o extralimitaciones punitivas de algunos agentes.
A partir de la acción policial se produjo una reacción por parte de nuevos grupos violentos de oposición, junto con actos de resistencia pasiva. La espiral se desbocó y solo una hábil y amplia campaña mediática institucional parece haber paralizado la evolución violenta, al menos de momento, con unas elecciones generales cercanas, el 20 de noviembre, a las que se pretende llegar con un cierto «clima de tranquilidad» desde las opciones extremistas. Pero el asunto no está zanjado, ni mucho menos, por lo que el siguiente movimiento institucional, en el tiempo de maniobra de dos o tres meses, debería ser reconducir el desarrollo a una salida hiperbólica; es decir, llegar a acuerdos por elevación política, que antepongan la convivencia democrática a los intereses parciales. Eso si se pretende reconducir el asunto, y no exacerbar posiciones que devengan en pronunciamientos partidistas tópicos y enquistados.
Decía el añorado Jaume Curbet que las políticas de seguridad deberían tener el objetivo de «mantener dentro de unos límites socialmente tolerables los efectos extremos». Radicalidad que existe en la actividad de Kukutza III, pero que no se debe confundir con una opción partidista determinada (Batasuna), porque en el seno de dicho movimiento había también pluralismo y divergencias, y esto es algo que las instituciones públicas no deberían olvidar.
En este sentido, resulta determinante la aportación que acaba de realizar el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz con su manifiesto «Municipios por la convivencia. Orientaciones éticas para la acción municipal en el País Vasco». Una contribución pragmática no solo frente al terrorismo, ante su ansiado final, sino en el devenir diario de nuestras realidades locales. Ya lo expuso Ortega y Gasset: «Más que un hecho, es la realidad un flujo donde al lado de la forma madura y hoy vigente despierta un germen que mañana triunfará y se arrastra caduco un resto del ayer». Lo que ha sucedido con Kukutza III debe ser parte de ese pasado que pretendemos superar, transformado por la quinta orientación ética propuesta por el Foro: «La confrontación política en nuestros municipios debe sustentarse en una cultura democrática entendida como cultura de la conflictividad constructiva». Una buena metodología que, de haberse aplicado en este caso, nos habría posibilitado vías creativas de acuerdo y habría anulado la espiral de la violencia. ¿La tendremos en cuenta ahora?
Teo Santos es consultor de derechos humanos y miembro de Bakeaz.
© Teo Santos, 2011; © Bakeaz, 2011.