El Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia ha sido finalmente aprobado tras un largo proceso de debate público y también privado. Ha sido un proceso que en repetidas ocasiones y desde casi un principio, se ha pretendido «reventar» por quienes quieren evitar un amplio acuerdo sobre esta cuestión.

Sin embargo, no merece la pena dedicar parte de este espacio, necesariamente escaso, a recordar este tránsito. Creo más útil detenernos en dos elementos fundamentales del plan, la deslegitimación de la violencia terrorista y la presencia central de las víctimas, que constituyen las principales novedades de la reformulación del anterior, denominado Plan de Educación para la Paz, que por otro lado, se mantiene en buena medida.

Vayamos con el primer elemento, aunque haya que realizar otro aviso. No explicaré por qué la violencia terrorista es una violencia ilegítima. Resulta tan obvio y tan común a todos los lectores y lectoras de una publicación de izquierda que no debemos malgastar tinta en explicarlo.

La pregunta que yo creo pertinente es si la violencia terrorista debe ser deslegitimada en el aula. Si la sociedad en general, y si un educador o una educadora en particular, deben propiciar este debate. E incluso, si una vez comenzado, esta persona que ejerce el papel de educador debe evitar la neutralidad ante el mismo.

No creo que sean preguntas ociosas. El plan del gabinete Ibarretxe constituyó un avance insuficiente especialmente por este motivo: la deslegitimación de la violencia terrorista no formaba parte de sus principales parámetros. De hecho, el terrorismo y sus consecuencias fueron evitados en la acción educativa. Ni currículum ni propuestas didácticas abordaban de forma suficientemente nítida esta expresión de la violencia que conculca de forma precisa y clara los derechos humanos. Todo lo contrario de lo que planteaba el mismo gobierno para otros graves casos como la violencia de género, para la cual el aula sí constituye un espacio de deslegitimación y educación. El llamado «currículo» vasco era poco vasco, al menos en este aspecto, despreciando esta cuestión.

La razón fundamental que se aduce para no abordar de forma decidida este problema en el espacio educativo es la falta de «consenso social» respecto de esta violencia y por lo tanto, la imposibilidad de «llevar» en estas condiciones este tema al aula. Recuerdo aquí una frase del anterior director de Derechos Humanos, Jon Mirena Landa, repetida hace pocos meses: «ningún país del mundo ha sido capaz de solucionar en las escuelas lo que no es capaz de consensuar en el medio social». La misma afirmación la realizaba Belén Arrondo de STEE-EILAS hace pocos días: «se quiere llevar a las aulas una cuestión que no está resuelta socialmente».

Es un planteamiento que no me parece progresista, que acentúa el carácter conservador de la institución escolar, y que contrasta como he comentado, con el desarrollado respecto de otras conculcaciones de los derechos humanos que por el contrario, sí se llevan al aula con el mismo o incluso menor acuerdo social. Y es un planteamiento contrario al compromiso con los derechos humanos. No se trata obviamente de resolver en la escuela lo que la sociedad no resuelve, pero ¿podríamos imaginar que un educador comprometido con los derechos civiles en los USA de los 60 rechazase abordar en las aulas las palizas a los negros, aduciendo falta de consenso social?

No quiero aburrir con especulaciones sobre las razones profundas de esta postura abstencionista respecto a la que es una de las vulneraciones más concretas y cercanas que tenemos de los derechos humanos en Euskadi. Razonemos en positivo por qué es necesaria la deslegitimación del terrorismo en nuestra sociedad.

Lo es porque es imposible avanzar en cultura democrática sin avanzar al mismo tiempo en la defensa de la pluralidad y las minorías políticas. Las libertades civiles (o sea, la democracia) son las que nos obligan a implusar la deslegitimación ética, social y política de la violencia terrorista, que no es más que aquella que pretende obtener un plus de representatividad gracias al uso de la violencia. Posiblemente, la corrupción y el terrorismo sean los mayores problemas de la democracia, porque los dos buscan distorsionar la voluntad popular, aunque ciertamente el terrorismo añade una dramática carga de sufrimiento.

Claro está que la deslegitimación de la violencia terrorista y la legitimación de la democracia conllevan cultivar el apego a sus instituciones, aunque sean sin apellido pero con nombre. No es importante (y por eso pudo ser fácilmente modificado en el borrador del Plan) si las referencias son al estado constitucional, al estado de derecho o a las instituciones democráticas, porque lo que está en el fondo, es propiciar la defensa y el compromiso con las instituciones que explicitan y aseguran el ejercicio práctico de nuestros derechos.

La democracia necesita de personas activas que conozcan sus virtudes, que la sostengan, que la defiendan y la mejoren. Eso es lo que conocemos como ciudadanía activa y crítica. Como señala Crossman «el éxito de las instituciones democráticas depende de que exista una minoría suficiente de demócratas activos y responsables que las mueva». En resumen, gente comprometida.

Si llegamos a la conclusión de que existen valores universales cuya promoción debe hacerse en el aula, hay que pensar en cómo hacerlo y si se debía variar lo que se había hecho hasta el momento en ese sentido. Para ello, los autores de este plan han comenzado resolviendo del «olvido» en una de las herramientas clave para poder realizar una actuación institucional en este sentido: el decreto que establece el currículo básico. Este ha sido precisamente el punto de partida del plan en el ámbito educativo para asentar una acción educadora que tenga a los derechos humanos y la dignidad de la persona como referentes básicos, y fomenten la empatía hacia las víctimas de su conculcación, en este caso sin olvidar a las ocasionadas por la violencia terrorista.

Hace casi diez años, la investigadora Susana Fernández Sola achacaba la «inconsciencia» de una acción colectiva en el campo de la educación para la paz en Euskadi a «causas de carácter institucional y a sentimientos de ineficacia personal». Con este plan, se abre un marco nuevo que proporciona pautas claras al profesorado, parte del cual se ha sentido hasta ahora impotente para abordar esta cuestión y falto de respaldo.

Y en este plan, las víctimas están para aportar un relato prepartidario que sirva al alumno o la alumna para entender de mejor manera la victimación de la que ha sido objeto y por lo tanto, poder progresar mejor desde un punto de vista personal. Así (hablamos de educación) la víctima, o mejor dicho, su testimonio, aporta un valor: el de la recomposición ética de su sociedad mediante una educación comprometida de los más jóvenes.

“Ricardo Arana Mariscal” es responsable de Comunicación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

© Ricardo Arana, 2010.

Publicado en Hika, 218, junio-julio de 2010.