Aproximadamente dos millones de empleos en la economía española, no menos de tres millones si consideramos el empleo indirecto, han sido creados ‘a crédito’. En 2007 ese crédito lo otorgaron los inversores internacionales, en forma de más de 100.000 millones de euros de inversiones netas en cartera (capital de corto plazo). Pero en 2008 esta fuente se ha secado, y las entradas de capital de corto plazo se han reducido hasta poco más de 10.000 millones, lo que está obligando a aumentar el crédito comercial y los préstamos de corto plazo (más caros) y a tirar de las reservas del Banco de España (reducidas en más de 30.000 millones de euros en los dos últimos años), para intentar cuadrar las cuentas exteriores, lo que se está demostrando harto complicado.
Por lo tanto, y éste es el dato nuevo en el funcionamiento de la economía española, no hay crédito exterior. Y ante esta situación, sólo hay dos alternativas: o dejar desaparecer esos dos millones o más de empleos, o encontrar una fuente alternativa de crédito en el interior de la economía española. Sustituir el endeudamiento exterior por deuda pública.
Esto es lo que dice el Gobierno que está intentando, pero para ello ha inventado un procedimiento harto curioso: por un lado, les da dinero a las entidades de crédito para que dinamicen la actividad económica (50.000 millones de euros para que el Estado adquiera activos financieros y sanee el activo de las entidades, 100.000 millones en avales del Estado para que bancos y cajas intenten conseguir financiación del mercado), pero, por otro lado, solicita a esas mismas entidades, directamente y a través de los fondos de inversión que éstas gestionan, que adquieran títulos de deuda del Estado para cubrir el déficit fiscal en el que incurre el Gobierno para financiar esas ayudas. Con lo cual, lo que da con una mano lo quita con la otra, y por lo demás, todo es quejarse de que las entidades de crédito no financian suficientemente la producción y el consumo de largo plazo de empresas y familias. ¿Y por qué iban a hacerlo, si el Gobierno les ofrece una inversión sin riesgos y rentabilidad en alza, en un momento en que las entidades financieras huyen del riesgo como gato escaldado del agua fría? En realidad, los bancos están aprovechando el aumento de la oferta de deuda pública para reestructurar sus fondos de inversión hacia otros de menor riesgo, a fin de dar garantías a sus clientes, que tampoco están para seguir apostando a la ruleta del alto riesgo/alta rentabilidad, después de la que ha caído.
La cosa podría funcionar si el Gobierno tuviera capacidad para otorgar directamente el crédito a las empresas y familias. Pero ésta es una posibilidad que fue suprimida del catálogo por los gobiernos de Felipe González, quien recibió de la UCD un Instituto de Crédito Oficial (ICO) que otorgaba más del 9% del crédito nacional y se lo entregó al PP convertido en una entidad raquítica, que apenas gestionaba un 1,5% del crédito doméstico. Los liberal-conservadores de antaño y los social-liberales de hogaño no han hecho otra cosa que mantener en la marginalidad al ICO, institución ahora incapaz de llevar a cabo la tarea que la banca privada se niega a asumir, ya que el gobierno actual ni siquiera gestiona por su mediación el 1% del crédito total.
También podría el Gobierno nacionalizar algunas entidades con problemas y gestionar desde ellas el crédito al sector productivo, como han hecho sin ir más lejos sus compañeros de ideología en Gran Bretaña. Pero eso sería una decisión inaceptable para su principal valedor dentro del sistema financiero español, de todos conocido y que no vamos a nombrar aquí, no sea que se resienta la publicidad de este medio. Aunque el Gobierno reconoce haber autorizado la adquisición de participaciones preferentes y cuotas participativas en entidades de crédito, no hay un fondo comprometido, y parece que se plantea más como otra medida de ayuda con dinero público al saneamiento de entidades de crédito privadas, que como un intento de socializar la gestión del crédito, que eso sí sería una alternativa de calado.
Más de la mitad de los depósitos de los españoles están en entidades públicas, las Cajas de Ahorro, que teóricamente podrían ser un buen instrumento para canalizar vía decreto el dinero de los ciudadanos recolectado por el Gobierno, hacia la inversión productiva…, si no fuera porque, en otra demostración de la ineficiencia del sistema neofeudal en que va camino de convertirse la administración pública española, cada caja es un reino de taifas al servicio de los poderes fácticos locales, buenas para ejercer de Don Tancredo, pero poco dadas a innovaciones y riesgos y por supuesto sin ninguna capacidad de actuar en conjunto y, menos, coordinadas por una autoridad central.
Tampoco vale de nada quejarse de que un buen gobierno debería haber previsto que todo lo que sube rápido la palma de golpe, y aprovechar los años de dinero fácil para establecer un sistema fiscal moderno, capaz de reducir las bolsas de fraude y dinero negro, y de recaudar lo suficiente para desarrollar un sistema de gasto público que cubriera todos los déficits que tiene la sociedad española y fuera capaz de controlar la inflación de precios en los activos financieros e inmobiliarios. Por el contrario, los sucesivos gobiernos liberales de uno y otro partido se han dedicado a desfiscalizar la inversión financiera y a facilitar el descontrol inmobiliario.
Y ahora no cabe dar marcha atrás, porque la coyuntura no lo permite. Como mucho, el Gobierno puede mendigar a los poseedores de los maletines llenos de billetes de 500 euros que los coloquen en deuda pública, promoviendo de paso algún tipo de amnistía fiscal y jurídica. Eso podría descargar en parte a las entidades de crédito de la necesidad de comprar los títulos de deuda, y canalizar algo más del dinero puesto a su disposición al crédito a la sociedad, y algo menos a su propio saneamiento. Y poco más. Porque las alternativas a los problemas de coyuntura, que requieren actuar rápido en el corto plazo, se reducen cuando en el largo plazo se han ido desmontando las estructuras de intervención del Estado, en materia fiscal, de crédito, de recursos humanos y de capacidad de gestión. Y lo que quedaba, se ha troceado a mayor gloria de las nuevas elites de provincias. Todo el poder al mercado ha demostrado ser una pésima receta, y lo malo es que al final, la intoxicación especulativa la van a purgar los de siempre.
Joaquín Arriola es profesor de Economía Política de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz.
© Joaquín Arriola, 2009; © Bakeaz, 2009. Publicado en El Correo, 17 de enero de 2009.