La versión oficial de la crisis dice que unos cuantos bancos de inversión norteamericanos –’banco de inversión’ en inglés significa especulador financiero, esto es, entidades financieras que se dedican a invertir en productos financieros– se dedicaron a engordar empaquetando créditos inmobiliarios de dudosa solvencia en productos financieros innovadores, que colocaron a bancos y fondos de inversión de todo el mundo. Cuando los que habían solicitado los créditos hipotecarios empezaron a entrar en mora, los que habían adquirido los paquetes los ‘abrieron’, se dieron cuenta de que no valían lo que habían pagado por ellos y, en consecuencia, el conjunto de sus activos comenzó a desvalorizarse, cundió la desconfianza y los bancos de todo el mundo (bueno, de todo el mundo capitalista desarrollado, puntualización que casi nunca se hace) dejaron de prestarse dinero entre ellos. La intervención de los gobiernos se descubre como la solución para rescatar el capitalismo de las perversas manos de los especuladores financieros.

Un cuento bastante absurdo, si tenemos en cuenta que las hipotecas de alto riesgo representan menos del 10% del crédito hipotecario norteamericano, y por mucho que se acuda a la hipótesis puritana de la ‘contaminación’ (ya saben, la manzana podrida que corrompe todo el cesto) no por ello resulta menos increíble que esta historia sea repetida una y otra vez por políticos, medios de comunicación y expertos analistas financieros, como si fuera la verdad revelada.

Lo que pocos parecen recordar es que el mercado financiero global que ahora ha colapsado fue creado a principios de los años ochenta por iniciativa de los gobiernos conservadores de Gran Bretaña y Estados Unidos, en el que fue el último acto conjunto de arquitectura financiera de dos imperios en decadencia monetaria. La liberalización de las cuentas de capital fue impuesta a todo el mundo, bajo presión en unos casos, como a los países latinoamericanos o africanos, donde el Fondo Monetario Internacional impuso esa condición a cambio de refinanciarles la deuda, o como solución al problema de acumulación de deudas soberanas en los bancos centrales de los países exportadores de Asia o de Europa.

Gracias al nuevo sistema, los bancos privados gestionan en Estados Unidos los dólares que sirven para pagar las importaciones –pasándolos de cuentas a nombre de los importadores a cuentas a nombre de los exportadores–, y a cambio multiplican su capacidad de crear dinero a partir de la deuda comercial de Estados Unidos, reciclada como emisiones de eurodólares y otras eurodivisas, principalmente desde la City de Londres. Así, la presión de la acumulación de reservas en dólares en los bancos centrales de los países exportadores se veía aligerada, y Estados Unidos ha podido consumir mercancías a crédito por valor de 7 billones de dólares constantes durante los últimos veinte años, el equivalente al 3% del PIB norteamericano, o a siete veces el valor de la producción española de un año.

Por cierto, España ha aprovechado disponer de una moneda respaldada por una de las principales potencias exportadoras del mundo (Alemania) para apuntarse al sistema de consumir a crédito. Hasta el año 2000, el déficit comercial español era inferior al de países como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Portugal, Polonia, México o Turquía, con un valor medio de unos 8.000 millones de dólares al año. En el año 2000, se elevó a más de 23.000 millones de dólares, y el año pasado superó los 150.000 millones.

Desde la puesta en marcha del euro, los ciudadanos españoles hemos consumido a crédito del extranjero por importe de más de medio billón de dólares corrientes, es decir, más del 6% de nuestro PIB (el doble que Estados Unidos). Y este consumismo desenfrenado se ha podido mantener porque pagamos con euros, es decir, la moneda de Alemania, tercer gran exportador mundial, pues de haber seguido con la peseta, el dólar cotizaría ahora a no menos de doscientas pesetas, y el ajuste consiguiente nos habría librado hace años, por ejemplo, de miles de kilómetros cuadrados del cemento que inunda nuestras tierras urbanas, urbanizables y en lista de espera para sucumbir al empuje del ladrillo, aparte de otras cosas más apetecibles, como la orgía de vehículos de gran cilindrada importados, varios centenares de miles de puestos de trabajo o una parte sustancial de los inmigrantes que contribuyen a sanear las cuentas de la Seguridad Social española.

Ser el presidente de la segunda economía con más deuda comercial del mundo era el gran mérito que podía aducir Zapatero para revindicar estar en la reunión de jefes de gobierno para tratar sobre la crisis financiera que se celebró el 15 de noviembre, porque lo de ser la octava potencia industrial o lo de servir de portavoz para Iberoamérica son argumentos ridículos que no dejan en buen lugar ni a nuestros economistas (¿cómo se mide el tamaño de la potencia industrial?), ni a nuestros diplomáticos (ignorantes acaso de que Iberoamérica hace tiempo que habla con voz propia y opiniones encontradas). Un crédito comercial que es responsable de unos 3 millones de empleos, que son los que están en peligro si se pierde el acceso al capital internacional.

De modo que avisados: no es una crisis bancaria, sino una crisis comercial en toda regla. El colapso del sistema financiero internacional anuncia que son los grandes deudores quienes se han quedado sin crédito. Y éstos no son los bancos o los fondos de inversión, sino los países, sus economías y ciudadanos. Y con las normas vigentes, Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Italia o Australia, los grandes consumidores a crédito del planeta, sólo pueden esperar que los acreedores quieran consumir sus productos de exportación, o realizar un ajuste de dimensiones épicas, como el que se impuso a Latinoamérica y África subsahariana en los años ochenta. Eso, u organizar una buena guerra que lleve los rumbos del comercio por otras sendas.

Joaquín Arriola es profesor de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz.

© Joaquín Arriola, 2008; © Bakeaz, 2008. Publicado en El Correo, 1 de diciembre de 2008.