Las causas principales de la fuerte desaceleración del crecimiento económico (unida a una inflación y a amplios déficits de la balanza exterior) eran evidentes hace dos meses: estallido de la burbuja inmobiliaria y escalada de precios del petróleo y de los alimentos. Últimamente han bajado los precios del petróleo y de los alimentos (en menor medida) y se ha agudizado la crisis económica debido a la amenaza de colapso del sector financiero. Por ello, el petróleo ha pasado a segundo plano en la atención mediática, pero sigue siendo la principal amenaza.
La importancia de los dos fenómenos indicados es de profundidad muy dispar. Por un lado, estamos ante una fase depresiva del ciclo económico que se puede superar en unos dos años si se abordan cambios de fondo en el sistema financiero. Por otro, el proceso de agotamiento del petróleo que impulsa los precios al alza es un problema estructural que provocará una larga y profunda crisis económica. El petróleo retomará con fuerza la senda alcista cuando se reinicie el crecimiento económico por la incapacidad de la oferta de satisfacer la demanda. La Agencia Internacional de Energía define la situación como una ‘crisis de oferta’ y hace llamamientos dramáticos para que abandonemos el petróleo cuanto antes. Su lema es ‘déjalo, antes de que él te deje a ti’. Una muestra de la vuelta a la senda alcista es que el lunes 22 de septiembre el barril saltó de 104 dólares a 121 (un 15,7% de aumento, el mayor de la historia), debido a que el anuncio de Bush de un plan de salvamento del sistema financiero provocó subidas históricas de los índices bursátiles. Un ejemplo de lo que viene es el hecho de que los presidentes de Gazprom (el gigante ruso de hidrocarburos) y de la empresa Simmons&Co. Internacional (el mayor banco de inversiones en energía de Estados Unidos) coinciden en que el barril de petróleo enfila los 500 dólares. De momento, es altamente probable que, como viene ocurriendo desde 2002, en 2008 el precio del barril aumente, como mínimo, un 30%.
Si nos atenemos a la política económica impulsada por el Gobierno español, resulta patente que éste sólo contempla el primer problema. Con ocasión de la presentación de su propuesta de Presupuesto para 2009, el Gobierno ha reiterado que sus prioridades son un ligero aumento del gasto social (que es el más pequeño de la UE-15), con el objetivo de sostener la demanda y la inversión en infraestructuras de transporte, para así impulsar el crecimiento. La primera y más importante de las medidas adoptadas este año ha sido acelerar la licitación de nuevos tramos de alta velocidad ferroviaria y de autovías. Esta política contraviene la opinión de los economistas del transporte y la política de la Unión Europea. Los primeros reiteran que es una de las inversiones que menos aumenta el crecimiento en los países en que, como los industrializados, existe ya un sistema de transporte desarrollado. España está a punto de situarse en el primer lugar de la UE en kilómetros de autopistas y autovías y ocupa el primer puesto en kilómetros de alta velocidad ferroviaria. Por el contrario, la estrategia económica de la UE defiende una economía del conocimiento. De hecho, está poniendo cada vez más obstáculos a la utilización de las ayudas comunitarias para construir redes de transporte. Sin embargo, España ocupa los últimos puestos de la UE-15 en inversión en I+D y educación.
Pero en contradicción con su Gobierno, el ministro de Industria y Energía ha declarado que estamos ante la tercera crisis energética. Una política clave de superación de tal crisis es una apuesta fuerte por el ahorro y la eficiencia energética. Sin embargo, ese ministerio sólo ha dotado con 245 millones de euros su Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-11, de los cuales 110 serán para regalar bombillas de bajo consumo. Sería risible si no fuera patético. Además, multiplica los obstáculos al desarrollo de las energías renovables, tal como veremos más adelante.
Siendo el agotamiento del petróleo la amenaza más grave y duradera, urge definir un paquete de políticas que consigan, de la forma más eficiente y rápida, reducir la dependencia de este combustible (lo cual pasa por la transformación del sistema actual de transporte) y construir un sistema energético alternativo. Aquí sólo puedo mostrar algunas ideas sobre ello.
La crisis energética obliga a transformar el sistema de transporte, porque se basa en el petróleo. En la UE el petróleo aporta el 98% de la energía consumida por el transporte y el 75% de la cantidad anterior es consumido en el transporte por carretera. Para reducir el consumo de petróleo es necesario reducir la movilidad y realizar un gran trasvase de pasajeros y mercancías de los modos más dependientes del petróleo y menos eficientes (el de carretera y el aéreo) a los que son más eficientes y menos dependientes del petróleo, como el ferrocarril y el barco. De hecho, crece en todo el mundo la demanda de transporte colectivo (y especialmente del tren) para los desplazamientos diarios y de transporte de mercancías por ferrocarril. Ello determina las prioridades de inversión: en la mejora de las redes de transporte de viajeros en las áreas metropolitanas; y en la creación de redes ferroviarias modernas, capaces de transportar de forma eficiente la mayor parte de las mercancías de largo recorrido que se transportan por carretera y de viajeros en desplazamientos regionales y de largo recorrido. En el caso español, esto pasa por reconvertir las líneas de alta velocidad en convencionales (menos de 200 km/h, de forma que puedan llevar mercancías y pasen la frontera francesa sin problemas) y por modernizar la red de transporte convencional, priorizando las inversiones que aumenten más la productividad del sistema existente. Esto es lo que le recomienda al Gobierno británico el Informe Eddington y es política oficial, por ejemplo, en los Países Bajos. Estas inversiones deben ser acompañadas por políticas de gestión de la demanda, es decir, políticas que penalizan la movilidad en los modos a reducir, de forma que refuercen los resultados de las inversiones anteriores. Todo ello obligará a reestructurar el sector de construcción de vehículos de transporte, reduciendo la dimensión de la fabricación de vehículos de carretera (a excepción del autobús) y aumentando mucho la de vehículos ferroviarios. Lo cual debe ser acompañado de un fuerte impulso a la I+D del transporte.
El abandono de los combustibles fósiles obliga a buscar energías sostenibles (renovables), que son las únicas que respalda la UE. Por lo tanto, tal política debe ser de la máxima prioridad para cualquier gobierno. Pero, a pesar de que España es unos de los líderes mundiales en este campo y de las declaraciones reiteradas del presidente del Gobierno, el ministerio del ramo está obstaculizando el desarrollo de las energías renovables. Recientemente han fracasado los intentos de limitar la potencia eólica instalada por la fuerte oposición que generó. Pero el Ejecutivo acaba de aprobar el cercenamiento del desarrollo espectacular de la energía fotovoltaica, limitando la potencia instalada cada año a 500 Mw, cuando sólo en los primeros seis meses del año ya se han instalado más de 600 Mw. Y esto se decide en un momento en que, por un lado, los fabricantes europeos afirman que si se impulsa la I+D, en España se alcanzará la paridad de costes con las energías convencionales en 2012 (en 2015 para el resto de la UE) y, por otro lado, los expertos consideran que los dos años próximos son decisivos para determinar qué empresas dominarán el mercado ante el desarrollo de nuevas tecnologías.
También, se limita el desarrollo de las centrales eléctricas solar termales (la fuente renovable de más futuro y en la que España tiene el mayor potencial de Europa) al subvencionar sólo centrales pequeñas, cuando se sabe que la máxima rentabilidad se encuentra en instalaciones mucho más grandes, tal como lo demuestran las empresas españolas cuando las construyen en Estados Unidos. Y todo ello ocurre a pesar de que la UE obliga a España a elevar la aportación de las energías renovables al consumo energético final del 8,7% en 2005 al 20% en 2020, y a que alcancen el 40% del consumo eléctrico. Además, hay que tener en cuenta que no hay sector industrial que crezca más rápidamente (30-60% al año, según sistemas tecnológicos) y genere más puestos de trabajo por unidad de inversión. Emplea en España a unas 90.000 personas y un estudio de Comisiones Obreras estima que pueden llegar a ser 270.000 en 2020.
Por último, no hay que olvidar que es necesario lograr un combustible alternativo al petróleo. Y el único que aparece es el hidrógeno, por lo que las energías renovables tienen la doble tarea de producir electricidad e hidrógeno. Pero el desarrollo español de la economía del hidrógeno es totalmente marginal.
Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz.
© Roberto Bermejo, 2008; © Bakeaz, 2008. Publicado en El Correo, 19 de noviembre de 2008.