Quienes desde años atrás hemos cuestionado el discurso que ha dado en convertir a la OTAN en una formidable hacedora de bien en los escenarios postyugoslavos, y quienes, en paralelo, mantenemos incólume nuestro escepticismo con respecto a la capacidad resolutora de los conflictos que han demostrado las potencias occidentales, no por ello hemos perdido el derecho a subrayar las contradicciones, ingentes, que se revelan en el comportamiento de nuestros países. La más reciente de ellas ha tenido su despliegue en Kosovo: si a principios de año los dirigentes occidentales, sin excepción, anunciaron su designio de evitar en aquel atribulado país cualquier amago de repetición de lo acaecido en Bosnia unos años antes, hoy nos encontramos con que los hechos han desmentido, y palmariamente, todas sus declaraciones de entonces.
Así las cosas, una de las preguntas decisivas del momento es, cómo no, la de por qué no se ha producido en Kosovo, durante largos meses, una intervención militar internacional. Al respecto, bueno es recordar que, como respuesta, se han aducido en primer lugar algunas razones menores. Si unos han sugerido, por ejemplo, la necesidad de darle un margen a la negociación, otros han identificado arduos problemas técnico-militares y no han faltado, en fin, quienes han recordado las divisiones que, en lo que atañe a estas cuestiones, han mostrado las propias potencias occidentales.
Nada de lo anterior explica, sin embargo, la visible contradicción entre una retórica inflada de amenazas y una realidad caracterizada por una ostentosa inacción. Para explicar esta última, parece mucho más razonable acudir a otros datos que hablan de la precariedad de nuestros intereses en la región o, y esto es acaso más importante, de una irrefrenable apuesta por la estabilidad que arrincona cualquier otro criterio. En esta rúbrica, la de un dramático aferramiento a lo que, presunta o realmente, genera estabilidad, cabe emplazar al menos tres tomas de posición. La primera recuerda que hay que pensárselo dos veces antes de facilitar un eventual derrocamiento del régimen de Milosevic, no vaya a ser que a su amparo se alteren precarios equilibrios en Bosnia. La segunda subraya que las potencias occidentales temen, por encima de todo, una extensión del conflicto kosovar a Macedonia, con la previsible secuela de una internacionalización de la crisis. La tercera se asienta, en fin, en un incontenible y biológico impulso que da en pensar que la preservación de los estados realmente existentes es siempre preferible al coqueteo con su ruptura.
El más granado de los resultados de esta bien tramada opción por la estabilidad, y del arrinconamiento paralelo, e inevitable, de los principios, no es otro que una manifiesta incapacidad para evaluar moralmente lo que está sucediendo –lo que ha ocurrido en los diez últimos años– en Kosovo. Al amparo de este resultado, no puede sino concluirse, por cierto, que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está hoy tan poco desarrollada como lo estaba en 1991 –cuando se inició materialmente el proceso de desintegración de Yugoslavia– o, en su defecto, que responde a criterios tan lamentables que es lícito añorar que no hubiese visto la luz en momento alguno.
La inflación de aparente moralidad en la retórica y la impresentable ausencia de principios en los hechos han caracterizado, por desgracia, la política de nuestros países. Una y otra tienen hoy un dramático botón de muestra en la forma de la tregua que en los últimos meses se le ha concedido al régimen serbio con la vista puesta –éste es al menos el criterio más extendido entre los especialistas– en que, por la vía de las armas, contribuyese a clarificar el confuso panorama kosovar. Las secuelas son palpables en estas horas en la forma de una rotunda pérdida de peso de los sectores radicales representados, entre la mayoría albanesa, por el Ejército de Liberación y de una división, cada vez más apreciable, en una resistencia que por lógica tiene que recelar de Occidente. Una y otra circunstancia tienen un claro beneficiario en la figura del presidente Milosevic, cuya posición acaso se ha visto adicionalmente mejorada merced al derrotero reciente de la crisis de Albania.
Con este nuevo magma de antecedentes, y al calor de una futura negociación, es fácil que parezca más presentable lo que se antoja impresentable de por sí: el intento de resolver el conflicto de Kosovo al amparo de la mera restauración de la condición autónoma de la que disfrutó la región hasta 1989. Semejante propuesta, que es la de nuestros países, no sólo deja en manos de Milosevic y de los suyos el establecimiento de reglas y controles: se caracteriza, una vez más, por una ingente inmoralidad. El escenario kosovar contemporáneo recuerda puntillosamente a aquella situación, tantas veces glosada, del honrado ciudadano que ve cómo unos bandidos asesinan a su mujer y le expulsan de su casa. Unos meses después, esos mismos bandidos buscan al desesperado viudo y le devuelven su hogar a cambio, eso sí, de que olvide la suerte corrida por su mujer.
Y es que obligado resulta preguntarse cuál es el proyecto de futuro para Kosovo que alientan nuestros países. Si algunos analistas concluyen, sin más, que no hay tal proyecto, otros recuerdan que entre los cerebros grises de nuestros gobiernos no faltan quienes parecen decididos a respaldar la lógica inmersa en el caso del atribulado viudo. Porque no hay que ser muy sagaz para concluir que es más que posible que en Kosovo se repita la miseria de la digestión internacional de la crisis bosnia, y que el eventual acuerdo de paz avalado por nuestros países –tras una intervención militar guiada en exclusiva por el propósito de congraciar a los gobiernos con sus opiniones públicas– se asiente en la legitimación de la agresión y en la preservación, en sus puestos, de la mayoría de los agresores.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
© Carlos Taibo, 1998; © Bakeaz, 1998.
Publicado en El Correo, 8 de octubre de 1998.