Ahora que la amenaza de una intervención de la OTAN en Kosovo se antoja más o menos desactivada, hora es de evaluar el contenido concreto del acuerdo que, para evitarla, han concluido el grupo de contacto y el presidente Milosevic. Por lo pronto, parece difícil negar que el acuerdo ha tenido algunas consecuencias positivas. A su amparo, y sin ir más lejos, se han revelado dos datos saludables. Si por un lado se ha puesto freno a la aguda confrontación de los últimos meses, por el otro se ha abierto el camino a la ayuda humanitaria al tiempo que se han sentado las bases de un eventual retorno de los refugiados.
Los más optimistas sentirán, sin duda, la tentación de agregar que el acuerdo lleva aparejados sólidos mecanismos de verificación. Sin negar que sea así, uno está obligado a preguntarse si la seriedad de esos mecanismos no contrasta con el corto aliento de las medidas sobre las que habrán de aplicarse, toda vez que la comunidad internacional –como sucedió en Bosnia en 1995– parece contentarse con reenderezar la situación, sin alentar ninguna fórmula de resolución efectiva del conflicto a medio y a largo plazo.
De la afirmación anterior dan buena cuenta varios hechos. El primero es la decisión de reducir las exigencias relativas a la retirada de unidades policiales y militares serbias. El asiento argumental es sencillo: junto con el Gobierno ruso, son muchos los occidentales que estiman que deben permanecer sobre el terreno instrumentos represivos sólidos que permitan encarar eventuales acciones de la guerrilla kosovar. A ello se suma, por cierto, el designio de no desplegar en la región contingentes militares internacionales.
Un segundo dato de relieve lo aporta la etérea condición de las negociaciones que, sobre el papel, deben verificarse en los próximos meses. La comunidad internacional se ha inclinado por lo que llamaré el modelo checheno, en cuyo frontispicio se encuentra el designio de conseguir que las partes se avengan a aplazar unos cuantos años las discusiones sobre el fondo del problema. Claro que las lecturas más maliciosas sugieren que nuestros países rechazarán de plano cualquier proyecto que vaya más allá de la restauración de la autonomía kosovar abolida en 1989. Es fácil certificar, por otra parte, que en lo que a esta cuestión se refiere no han sido consultados los dirigentes albaneses.
Un tercer elemento a considerar no afecta tanto al contenido técnico del acuerdo como a su entorno, en la forma ahora de una visible erradicación, como presunta parte negociadora, de los radicales albaneses representados en el ELK. Y en este punto tanto es menester recordar que la marginación de los radicales es una jugada maestra de la comunidad internacional –en los últimos meses se le ha dado alas a Milosevic– como obligado resulta subrayar que la jugada parece llamada a tener escasa rentabilidad, toda vez que incluso los albaneses moderados representados por Rugova considera irrenunciable el derecho de autodeterminación.
El último dato importante es la ambigüedad con que el acuerdo se ocupa del castigo a presuntos criminales de guerra. A la luz de lo ocurrido en Bosnia, donde la mayor parte de los serbobosnios encausados por el Tribunal de La Haya campa por sus respetos, es irrelevante que Milosevic haya aceptado la adopción de medidas que apuntan a procesamientos de resultas de lo ocurrido en Kosovo. Esto aparte, y de nuevo como en Bosnia, nadie habla –como sin duda se debiera– de procesar al propio presidente yugoslavo, que a la hora de recurrir a triquiñuelas tendría en el caso de Kosovo muchas más dificultades que las que sorteó en Bosnia.
Todos los datos invocados se resumen en uno: hay que darle poco crédito a un acuerdo en el que Milosevic aparece como garante. Entre otras razones, porque ese personaje es responsable de todos los desafueros acaecidos en Kosovo en los diez últimos años. Nada es más ilustrativo al respecto, en estos días, que su enésima artimaña en la doble forma de nuevas acciones contra los medios de comunicación independientes y de un mensaje, el transmitido a sus conciudadanos, en el que, una vez más, ha presentado como un triunfo el acuerdo alcanzado con Holbrooke. Claro que, por desgracia, en cuanto a esto último, a lo mejor no le falta razón.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
© Carlos Taibo, 1998; © Bakeaz, 1998.
Publicado en El Correo, 30 de octubre de 1998.