El nacionalista democrático tiende a pensar –y decir– que comparte los fines con el nacionalista violento, aunque no comparta sus métodos. Creo que ésta es una apreciación que debe discutirse firmemente. Entiendo que el nacionalismo se define por la aceptación y defensa del principio de la nacionalidad, según el cual los que consideran a una población como nación (con su territorio, su historia y sus dimensiones culturales propias) la consideran a la vez como sujeto primero de soberanía política, con derecho, por tanto, a decidir lo que considere más oportuno en torno a su estatalidad (autodeterminación). Si esto es cierto, la referencia a la soberanía es esencial para el nacionalismo. Precisamente a partir de esta constatación ha podido concluirse que los nacionalistas comparten el fin –hacer efectiva esa soberanía–, aunque no compartan las estrategias, más o menos ‘inmediatistas’, y los medios, violentos o no violentos.
Considero incorrecta y muy dañina ética y políticamente esta conclusión. En efecto, perseguir democráticamente la soberanía y perseguirla no democráticamente, significa en realidad perseguir dos soberanías distintas. Aquí los medios son decisivos no sólo para alcanzar los fines sino para definirlos.
Quien, como ETA y quienes la apoyan o comprenden, defiende la soberanía desde la imposición violenta de su modo de ver las cosas, defiende una concepción de la soberanía que es dictatorial y no popular, que se anula como posible derecho humano. Efectivamente, aunque se reivindique como derecho, supone, en primer lugar, la negación radical de la indisolubilidad de los derechos (al implicar un gravísimo quebranto del derecho básico a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad); y supone, en segundo lugar, que aunque se defiende una autodeterminación frente al exterior, no se defiende la correlativa autodeterminación interna, la libre expresión de los ciudadanos de su país. De hecho no hay, pues, reivindicación de derecho sino juego de poder violento, soberanía como poder opresor violento.
Defender la soberanía desde los supuestos democráticos y respetuosos del conjunto de los derechos humanos es defender otro modo de soberanía, es defender un fin diferente, no la mera independencia de Euskal Herria respecto a Estados externos, sino una soberanía respetuosa con los derechos humanos de sus ciudadanos y de los ciudadanos de otros países implicados por ella. Esto es, si desde la sensibilidad democrática se reivindican medios diferentes es porque de hecho se quieren fines diferentes.
El nacionalismo democrático tiene que ser lúcido a este respecto para percibir toda la distancia que le separa de los nacionalistas violentos y todo lo que le acerca a los no nacionalistas democráticos. En cuanto a lo primero, ni debe caer en la trampa, ni debe parecer que cae, de pretender aprovechar para sus fines las estrategias del nacionalismo violento: antes que nada porque sería una falta de solidaridad con las víctimas, su deber básico, pero también porque se le ofrece un regalo envenenado, un cuerpo canceroso que daña radicalmente su propio objetivo. Exigir, por eso, escenarios sin violencia y aceptación de los principios democráticos para cualquier iniciativa compartida es un mínimo irrenunciable.
En cuanto a su proximidad con los no nacionalistas democráticos, el nacionalismo democrático tiene que entender que desde la perspectiva decisiva de la ética y los derechos humanos lo que le separa de ellos es algo menor y mucho menos relevante que lo que le separa de los violentos. Porque no le separan los principios, sino la interpretación. Esta distancia no es baladí, por supuesto, porque es precisamente la que le define como nacionalista. Tiene que ver, evidentemente, con la discrepancia en la determinación del ‘ámbito de decisión’ –vasco o español–, del sujeto colectivo que toma en última instancia las decisiones políticas democráticas. Ésta es la cuestión que, desde el respeto mutuo, habrá que discutir con talante democrático, plenamente conscientes de que nos encontramos en un terreno no definido con precisión desde la teoría democrática y que, por tanto, pide invención y creatividad.
En circunstancias de normalización política, esta distancia hace adversarios políticos a nacionalistas y no nacionalistas. En circunstancias de excepción como las marcadas por la violencia, tiene que hacerles colaboradores de cara a aquello decisivo que comparten y que está gravemente amenazado. Hay que reconocer que la tarea no es fácil, porque pide subordinar los objetivos específicos propios a los objetivos comunes y porque es probablemente inevitable que a la hora de interpretar lo que demanda la responsabilidad y la prudencia política –en su sentido moral– de cara a la paz, haya propuestas diferentes influidas por los planteamientos propios. ¿Es ingenuo pedir que se afronten las dificultades desde la comprensión mutua y la búsqueda honesta de consensos mínimos? En cualquier caso, no debe exigirse como condición de paz la renuncia de hecho a lo que define a cada uno (como tiende a exigirse a los nacionalistas), aunque pueda plantearse una cierta ‘hibernación’ temporal de lo propio de cara a los objetivos inmediatos.
Hasta ahora he resaltado lo que distancia a los nacionalistas democráticos de los violentos. Pero, por supuesto, hay algo que les une. No la defensa del ámbito vasco de decisión, porque en el caso de los violentos el ámbito de decisión no es la ciudadanía vasca sino la cúpula etarra. Pero sí la conciencia de pertenecer a un mismo colectivo identitario desde el que se consideran legitimados a hacer sus propuestas de soberanía. Emocionalmente este punto de unión es muy fuerte, como lo expresa el hecho de que para definirlo se use la metáfora de la familia. Se sigue siendo miembro de la familia aunque se trate de Caín y Abel. Pero incluso aquí, en la vivencia de esta conciencia y este sentimiento, se deben marcar las distancias. Porque debe someterse siempre al principio democrático de la inclusividad de todos en su condición de ciudadanos sujetos de derechos y de decisión, frente a la tentación de declarar no vascos o traidores a quienes no comulgan con nuestra vivencia. Es decir, la afirmación de la etnoidentidad tiene que ser también democrática, abierta a una identidad compleja que no se encierra en lo propio sino que se enmarca en nuestra común identidad de ciudadanos y se nutre de más referencias que la nacional.
Xabier Etxeberria es profesor de Ética en la Universidad de Deusto y miembro de Bakeaz.
© Xabier Etxeberria, 2000; © Bakeaz, 2000.
Publicado en El Correo, 1 de diciembre de 2000.