El primer aniversario de la Intifada –término que no está de más recordar significa “alzamiento” o “levantamiento”– ha pasado prácticamente desapercibido debido a la tragedia del pasado 11 de septiembre y a sus todavía imprevisibles consecuencias. Sin embargo, la delicada coyuntura internacional no debe ser óbice para que se recuerden los doce meses que han cumplido los enfrentamientos israelo-palestinos. Esta guerra no declarada ha provocado hasta el momento más de 850 víctimas (la mayor parte de ellas palestinas), el cierre a cal y canto de decenas de ciudades y pueblos ‘autónomos’, la prohibición del libre movimiento de personas y mercancías, un desempleo que se ceba con el 40% de la población y unos índices de pobreza alarmantes que afectan a casi la mitad de los palestinos, a lo que habría que añadir el interminable cortejo de miserias cotidianas que arrastra un pueblo al límite de la desesperación.

Aunque la visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén desencadenó no pocas manifestaciones de protesta, la Intifada es resultado directo del fracaso de las negociaciones de Camp David en verano del año 2000. En el curso de esta cumbre auspiciada por el ex presidente Bill Clinton, la delegación israelí hizo una oferta basada en lo máximo que a juicio del gobierno Barak podría ofrecerse a los palestinos, propuesta que la delegación palestina desestimó porque carecía de los elementos mínimos para resolver la histórica disputa entre los dos pueblos. Lo ocurrido después es conocido por todos.

Los israelíes describieron su oferta como “generosa” y criticaron la cicatería de Arafat. Este “acto de generosidad”, como lo consideran los dirigentes laboristas y no pocos intelectuales occidentales, fue percibido de manera radicalmente diferente por los palestinos. En realidad, la oferta israelí se basaba en la división del territorio palestino en cuatro cantones incomunicados entre sí, el mantenimiento del 80% de los asentamientos judíos, el pleno control israelí sobre Jerusalén a cambio de la conversión de la aledaña Abu Dis en la capital palestina, la renuncia del derecho al retorno de los tres millones y medio de refugiados y la anexión israelí de entre un 5% y un 10% de territorio palestino, por no hablar de los filtros económicos, políticos y militares que se impondrían al emergente “Estado”. Por ello, no están equivocados quienes afirman que la Intifada comienza en Camp David.

Esta segunda Intifada pretende, como la iniciada en 1987, liberar los territorios de la ocupación, aunque las circunstancias que la rodean sean completamente diferentes. En estos meses se ha puesto en evidencia la dependencia económica de la Autoridad Palestina (AP) del gobierno israelí que, en virtud del Protocolo de París firmado en 1994, recauda el impuesto del IVA y los ingresos por aranceles: nada más y nada menos que la mitad del presupuesto palestino que Israel se niega a transferir desde hace un año. Tan sólo las ayudas y donaciones de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, mantienen con vida a una AP acusada con razón de dilapidar sus recursos y de ser incapaz de plantear una estrategia para alcanzar la independencia. Hoy todos reconocen que el proceso de Oslo ha favorecido la creación de un poder autoritario, el desarrollo de una sociedad militarizada y la aparición de una burocracia tan ineficaz como corrupta.

Aunque la represión de la Intifada se inició en tiempos de Ehud Barak, es tras el arrollador triunfo electoral de Ariel Sharon cuando adquiere su mayor crudeza. El programa maximalista de Sharon lleva implícito el fin del proceso de Oslo al considerar que la actual autonomía es lo máximo que se debe ceder a los palestinos que, a cambio de poder administrar con relativa libertad sus asuntos cotidianos (sanidad, educación, construcción, correos, etc.), deben ejercer el papel de gendarme persiguiendo cualquier brote nacionalista y luchando sin cuartel contra los ‘radicales’ que cuestionen este nuevo orden colonial.

El gran mérito del ‘halcón’ Sharon ha sido incorporar a un dividido Partido Laborista a su gobierno de Unidad Nacional a cambio de que dos de sus dirigentes (Simón Peres y Benjamín Ben-Eliezer) ocupen los cruciales ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa. Esta presencia no sólo pretende impedir la creación de un gobierno de ultraderecha, tal y como repite cansinamente el canciller Peres cada vez que arrecia la tempestad, sino que además implica algo mucho más peligroso: el reconocimiento laborista del fracaso del proceso de Oslo.

En esta situación no es de extrañar que el gobierno israelí haya pretendido socavar la imagen de Arafat. La AP pasa, en apenas unos meses, de ser considerada una “socia de la paz” a ser descrita como una “entidad terrorista”. Arafat ya no es, como antes, un “interlocutor válido”, sino “nuestro Osama Bin Laden”, como manifestó recientemente Sharon. El empleo de este lenguaje no es inocente, ya que pretende deshacer el camino andado en la última década en pos de la paz y retornar a la dialéctica de la confrontación seguida en los ochenta cuando Israel, con la aquiescencia de la administración Reagan, asediaba Beirut o bombardeaba Túnez con total impunidad.

La nueva coyuntura internacional tras el ataque terrorista contra Estados Unidos podría favorecer una nueva aproximación norteamericana al conflicto palestino-israelí. De las declaraciones del secretario de Estado, Colin Powell, se desprende que la respuesta antiterrorista se producirá no sólo en el terreno militar, sino también en el diplomático. En el mejor de los casos esta tragedia podría servir para replantear la unilateralidad de la política exterior americana y para reactivar el papel de Washington en el estancado proceso de paz por medio de la convocatoria de una nueva Conferencia de Paz similar a la que hace diez años tuvo lugar en Madrid.

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro ‘El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada’ (Madrid, Los Libros de la Catarata, 2001).

© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2001; © Bakeaz, 2001.
Publicado en El Correo, 5 de octubre de 2001.