Israel afronta el 28 de enero una prueba de no poca importancia. Según los pronósticos, las elecciones legislativas del próximo martes modificarán radicalmente la composición de la Knesset hasta el punto de que el nuevo gobierno dispondrá de un margen de maniobra lo suficientemente amplio para completar su mandato de cuatro años, situación bastante inusual en la escena política israelí. El ascenso del conservador Likud que pronostican todas las encuestas podría hacer que este partido de corte nacionalista duplique su representación en el Parlamento. Mientras tanto, se anuncia que el Partido Laborista recibirá un voto de castigo por su participación en el gobierno de concertación dirigido por Ariel Sharon, lo que le llevaría a reducir de manera drástica su número de diputados. Todo ello a pesar de que Amran Mitzna, antiguo alcalde de Haifa y candidato de la formación socialdemócrata, haya hecho un esfuerzo significativo, aunque probablemente insuficiente, durante la recta final de la campaña para distanciarse de la línea dura del ‘halcón’ Ben-Eliezer (que fuera ministro de Defensa con Sharon) y rescatar el legado pactista de Rabin (que promoviese los Acuerdos de Oslo antes de ser asesinado por un extremista judío).
En las manos del electorado israelí está secundar o dar la espalda a la política de ‘puño de hierro’ seguida por Sharon en estos dos últimos años. El diario israelí ‘Ha’aretz’, en su edición del 29 de noviembre de 2002, resumía en qué consiste dicha política: “Las fuerzas armadas han retornado a casi todas las ciudades palestinas, han asesinado a decenas de hombres y arrestado a otros cientos, han impuesto castigos colectivos sobre millones de personas. La Autoridad Palestina ha quedado reducida a una nave vacía y su presidente, Yaser Arafat, está sólo en los escombros de la Muqata en Ramallah”. Es posible que a estas alturas los votantes no vean demasiadas diferencias entre los dos principales partidos sionistas –el Likud y el Laborista– que formaron un gobierno de Unidad Nacional desde el cual pusieron en práctica una política encaminada, como rezaba el punto 2.1 de su programa de gobierno, a “fortalecer la seguridad nacional y proporcionar la seguridad personal de sus ciudadanos a través de una lucha resuelta contra la violencia y el terrorismo”. Los datos no sólo muestran el fracaso de este empeño (más de 650 víctimas del lado israelí y otras 2.000 del lado palestino desde el arranque de la Intifada), sino que ponen de manifiesto que la mera represión militar sin un horizonte político no basta para detener este baño de sangre que parece no tener fin.
Tampoco los integrantes del gobierno de coalición hicieron un esfuerzo digno de reseñarse a la hora de llevar a la práctica el punto 2.6 de dicho programa, basado en “promover la paz con los palestinos a través de acuerdos interinos que incluirán también compromisos”. El Partido Laborista secundó una política destinada a socavar los Acuerdos de Oslo y convertir la autonomía palestina en un erial. Es más, desde el 11-S se culpó de manera machacona e insistente a la Autoridad Palestina de promover el terrorismo y la violencia con la intención de desacreditarla como interlocutora válida en las negociaciones de paz y, de paso, alentar la lucha por el poder entre los posibles candidatos a la sucesión de Arafat.
Pero estas elecciones no deben contemplarse sólo en clave de referéndum sobre el proceso de paz. Israel afronta uno de los momentos más delicados de su historia, tanto en el terreno económico como en el social. La recesión económica es la mayor desde los tiempos de la creación del Estado en 1948, arrojando cifras alarmantes (no por casualidad una delegación israelí acaba de solicitar en Washington un préstamo adicional que se habrá de sumar a los más de 3.000 millones de dólares que percibe Israel anualmente de su aliado estadounidense), mientras que las tensiones sociales con la minoría árabe (que representa el 20% de la población israelí) son cada vez más evidentes, como probara el intento del Comité Electoral, posteriormente desautorizado por el Tribunal Supremo, de dejar fuera de la carrera electoral a algunos de los más carismáticos dirigentes árabes, como Azmi Bishara –paladín de la causa de la equiparación de derechos entre judíos y no judíos– o Ahmad Tibi –que ha reclamado un retorno a la mesa de negociaciones y se ha pronunciado en defensa de Arafat–, con el pretexto de “respaldar la lucha armada de los palestinos”.
Este cuadro quedaría incompleto de no abordar la nada alentadora situación de Oriente Medio. La guerra norteamericana contra Irak está a la vuelta de la esquina y tan sólo depende de las pequeñas discrepancias surgidas en el seno de la administración de Bush en torno a la coyuntura y el momento más adecuados para desencadenarla. Es fácil imaginar que Israel, el aliado más importante de Estados Unidos en la región, no permanecerá como un convidado de piedra. Aunque es dudoso que intervenga de manera directa en las hostilidades, no renunciará a sacar partido de la situación explotando su imagen de país asediado en un entorno hostil que puede ser alcanzado por los Scud iraquíes o, incluso, podría verse tentado de aprovechar la situación para acelerar la descomposición de la Autoridad Palestina por medio de la expulsión de Arafat a un tercer país.
Las elecciones legislativas nos ayudarán a aclarar parte de este borrascoso escenario y saber si Ariel Sharon dispone del margen suficiente para formar un gobierno de corte nacionalista dispuesto a imponer su control sobre toda la Tierra de Israel que se extiende entre el Mediterráneo y el Jordán, incluidas las Cisjordania y Gaza ocupadas. De darse esta situación, el gobierno podría demorar ‘sine die’ el retorno a las negociaciones, culpando a su contraparte –la Autoridad Palestina– si no hace todo lo que está en sus manos para detener la violencia. Esta situación le permitiría proseguir su política de ‘hechos consumados’, que tan buenos resultados le ha reportado hasta el momento, ya que intensifica los vínculos entre Israel y los territorios palestinos ocupados, al tiempo que aleja la posibilidad de la creación de un Estado palestino soberano y viable.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro ‘El miedo a la paz’ (Los Libros de la Catarata/Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2001).
© Ignacio Álvarez-Ossorio, 2003; © Bakeaz, 2003.
Publicado en El Correo, 24 de enero de 2003.